Category Archives: CNT Aranjuez

AlTajo nº15 diciembre 2019

¿Dónde está el secreto?

Pardao

Con la llegada del año 2019 se produjo la entrada en vigor del nuevo salario mínimo interprofesional (en adelante SMI). Esta subida suponía un incremento del 22,3% con respecto al anterior SMI. El Gobierno, con esta medida, quería alcanzar, o mejor dicho, aproximarse, a las recomendaciones europeas sobre la cuantía del SMI en relación con los salarios medios. Antes y después de la entrada en vigor del nuevo SMI todos los resortes del poder económico, partidos, medios de comunicación, asociaciones empresariales, etc., se encargaron de arremeter contra esta subida, argumentando que supondría automáticamente la destrucción de empleo ante el aumento de los costes laborales para las empresas, sobre todo en los sectores más precarizados, donde abundan los sueldos más bajos, como son el sector servicios y la agricultura.

Como es habitual, el análisis de estas medidas se realiza en un ámbito económico y no social; se valora agradar al dinero, no dignificar la vida de los trabajadores y trabajadoras, y, sobre todo, se trata de meter miedo a los trabajadores y trabajadoras, paralizarlos, volverlos conservadores de la nada, que es lo que tenemos, ante un panorama económico que todavía puede ser peor. No hemos aprendido que jamás la lucha por la mejora de nuestras condiciones laborales ha supuesto una crisis del sistema capitalista; antes al contrario, ha sido el propio sistema, con su avaricia desmedida y con su dinámica depredadora de recursos y vidas de la clase obrera, el que ha generado las crisis, que como siempre hemos cargado sobre nuestras espaldas. 

Trascurrido casi un año desde la entrada en vigor de la subida del SMI, solo se ha tratado el tema de la destrucción de empleo, ralentización de la economía y bajada de beneficios empresariales; pero ha quedado en el olvido intencionado la verdadera realidad: las subida del SMI, en muchas ocasiones, han hecho que un buen número de trabajadores y trabajadoras hayan pasado a la economía sumergida, o bien que sus contratos a tiempo parcial no reflejen la realidad de sus eternas jornadas, y otra serie de trucos empresariales para que el negocio siga siendo rentable.

La práctica más descarada y prepotente ante la subida del SMI es la de no aplicarla y así obligar a los trabajadores y trabajadoras a que reclamen, sabedores de que eso les puede traer a corto y medio plazo consecuencias. Pero las empresas que realizan estas prácticas no tienen problema alguno, pues saben que su comportamiento no va a trascender, ni serán portada de ningún medio de comunicación de masas, porque, qué casualidad, contribuyen de manera generosa a mantenerlos, anunciándose en ellos.

El caso de Telepizza Aranjuez

Hasta ahora hemos visto, con carácter general, algunas consecuencias de la subida del SMI. Ahora vamos a ver un caso concreto en Fredopizza, S. L., que tiene la franquicia de Telepizza en Aranjuez. Vamos a ver el secreto de su masa de dinero acumulada a costa de sus trabajadores y trabajadoras. Desde enero de este año, Telepizza Aranjuez no ha aplicado la subida del SMI a sus trabajadores y trabajadoras, y estamos hablando de una empresa que genera un empleo precario, con contratos a tiempo parcial, flexibilidad horaria extrema y salarios de hambre. Esto choca frontalmente con los números que presenta la marca Telepizza, cuyos beneficios no dejan de crecer. Hablamos de aproximadamente 10 millones de euros de beneficio este año y con gastos millonarios en publicidad en todos los medios.

Pero lo que ganan no les debe parecer suficiente para ni tan siquiera cumplir con las condiciones mínimas laborales recogidas en las leyes y convenios colectivos. Ante esta situación, un número reducido de trabajadores iniciaron las acciones para la reclamación de las cantidades pendientes, pero al mismo tiempo tomaron el camino de lucha colectiva, y para ello contactaron con el sindicato de CNT en Aranjuez. Tras una serie de reuniones, se acordó convocar una asamblea en el sindicato para que asistieran todos los trabajadores y trabajadoras interesados en conocer sus derechos y, fruto de ese conocimiento, saber el alcance de los abusos empresariales.

La reunión fue satisfactoria, pero, como suele ser habitual, el peor enemigo lo tenemos muchas veces entre nuestra clase. A uno o una de los y las asistentes a la reunión le faltó tiempo para dar a conocer al empresario los temas tratados. La reacción de la empresa fue entonces intentar frenar la organización de los y las trabajadores de su centro de trabajo. Y para eso pensó, si habían sido siempre tan dóciles y habían “tragado con todo” hasta ahora, añadir a su nómina un concepto de atrasos y una cantidad ridícula que simulase cumplir con la legalidad, y asunto cerrado. Pero el problema es que ni tan siquiera con esa cantidad mensual se llega a alcanzar el salario mínimo interprofesional, ni es ese el único incumplimiento de la empresa en lo que respecta a los derechos laborales.

Pero a pesar de que la empresa está haciendo todo lo posible para tratar de frenar la lucha obrera en su centro de trabajo, no lo va a conseguir desde el momento en que ya hay trabajadores y trabajadoras que han tomado conciencia. Y ya no hay vuelta atrás. Ante la posición de la empresa, la respuesta ha sido la que se merece: constitución de la sección sindical de CNT en Telepizza Aranjuez para organizar así a la clase obrera. Ya constituida la sección de CNT y puesta en marcha, desde ésta se está empezando a exigir los derechos que corresponden a la clase trabajadora. Y no van a consentir ningún abuso más. 

El camino de la sección sindical de CNT es largo, pero al menos se camina. La otra posibilidad es quedar estancados en la sumisión y servilismo al empresario, renunciando a los derechos conquistados. Este es solo un ejemplo de las muchas empresas en las que las prácticas antiobreras es el pan de cada día. Y solo queda un camino que es el de la unión y la lucha. En ese camino estará la CNT. El secreto no está en la masa, está en la lucha.

El sistema de pensiones chileno: una estafa legal

El sistema de pensiones chileno: una estafa legal

Domingo M. A.

El pasado 27 de noviembre, el Colectivo de Pensionistas del SOV de la CNT de Aranjuez organizó, en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, una charla-debate con el título “El desmantelamiento de las pensiones públicas”. La charla tenía como propósito, por un lado, acercarnos a la realidad del modelo privado de pensiones en Chile; y, por otro, seguir reflexionando sobre el desmantelamiento del sistema público de pensiones en nuestro país, comenzado en 1985.

Para hablarnos de la situación social en Chile y del modelo de pensiones de capitalización individual de ese país, contamos con la participación de Pedro Jorquera, profesor de Historia y miembro de la red chilena No + AFP, que reivindica un sistema de pensiones público de reparto. Y tras él intervino Eduardo Jiménez, miembro del grupo de trabajo de pensiones y renta básica de la Asociación de ATTAC, quien centró su intervención en analizar diferentes parámetros del sistema de pensiones vigente en el Estado español, y su futuro.

Lo que sigue a continuación es un extracto de la intervención de Pedro Jorquera sobre ese modelo de pensiones impuesto en Chile hace más de tres décadas.

El estallido social en Chile 

Jorquera comenzó su intervención refiriéndose a la revuelta popular que vive Chile,  desde el 18 de octubre pasado, contra el capitalismo salvaje globalizado (neoliberalismo) y el Gobierno del millonario Sebastián Piñera.

Recordó que el pueblo chileno estalló gracias a una protesta de estudiantes de Secundaria contra la subida del precio del metro. A raíz de este hecho, la noche del viernes 18 de octubre comenzaron a aparecer varios focos de protestas y disturbios a lo largo del país, por lo cual el Gobierno de Piñera decretó el estado de emergencia  en las comunas del Gran Santiago, y toque de queda a partir de la noche del día 19.  Cuatro días después, el estado de emergencia había sido declarado en quince de las dieciséis capitales regionales. ​

Aunque la causa inmediata de este alzamiento popular fue el incremento de la tarifa del transporte público, existen causas más profundas: los bajos salarios, el alto costo de la vida, las miserables pensiones, los elevados precios de fármacos y tratamientos médicos, la pobreza, la desigualdad… Y el rechazo generalizado a toda la clase política, además del descrédito institucional acumulado durante los últimos años, incluyendo a la propia Constitución. Una Constitución promulgada en la época de Pinochet, y que no recoge derechos sociales para la población, sino solo los derechos de propiedad.

Según diferentes estudios, Chile es uno de los países con mayor desigualdad económica de Latinoamérica​ y entre los miembros de la OCDE​. A pesar de ser una de las economías más prósperas del continente, las políticas neoliberales establecidas durante la dictadura militar y mantenidas durante tres décadas desde el retorno a la «democracia» han generado gran disparidad en los ingresos. ​Según el informe Panorama Social de América Latina de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), «el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5 % de la riqueza en 2017, mientras que el 50 % de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1 % de la riqueza neta del país».

La desigualdad económica también ha provocado que el coste de la vida en Chile sea muy alto, por lo que un 60 % de la población no dispone de ingresos suficientes para cubrir sus gastos habituales, incluyendo los de educación o salud, que en otros países son gratuitos. En este sentido, Jorquera señala que el nivel de precios de los productos de consumo en Chile es similar al del Estado español; sin embargo, el nivel salarial en Chile es mucho más bajo. Para hacernos una idea, a partir de marzo de este año, el salario mínimo en Chile se ha establecido en 301.000 pesos (382 euros), por lo que, según datos de la Encuesta suplementaria de Ingresos, el 57% de las personas con empleo en Chile no ha podido sacar a sus familias de la pobreza.

Una de las demandas en las calles en estas semanas es el rechazo al actual modelo de pensiones  y el retorno a un sistema de pensiones públicas de reparto, dado que actual sistema de capitalización individual ha empobrecido tremendamente a las personas pensionistas.

​Jorquera explica que, transcurridos ya 40 días desde el comienzo del estallido social, el Gobierno chileno sigue ignorado las demandas de la población. Y que su única respuesta ha sido aplicar una política de brutal represión, de terror y de graves amenazas. Todo ello mediante una agenda de seguridad que, además de amedrentar al pueblo, solo busca garantizar la impunidad a las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Sobre Carabineros pesan graves denuncias por violaciones a los derechos humanos producidas en el marco de las manifestaciones de las últimas cinco semanas. Hasta finales de noviembre, más de 15.000 personas habían sido detenidas, de las cuales al menos 867 son niñas, niños y adolescentes. Se han atendido, por lo menos, a 11.500 personas heridas, más de 1.100 con lesiones moderadas o graves. Más de 200 personas han sufrido mutilaciones oculares (en algunos casos de los dos ojos). Además, hay en curso 499 demandas judiciales y denuncias por más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos sobre mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes.

A esto se suman 18 casos de personas que supuestamente murieron en incendios durante saqueos, pero que, como determinaron los forenses, realmente murieron atropellados por vehículos particulares o por otras causas. Algunos de estos cuerpos presentaban heridas de bala.

Toda esta implacable represión ha sido denunciada en informes emitidos, principalmente, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y organismos internacionales tales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

 Antecedentes de las AFP   

En la segunda parte de su intervención, este profesor de Historia pasó a analizar, a grandes rasgos, el modelo de capitalización individual de pensiones que se impuso en Chile en 1974, un año después del golpe de Estado de Augusto Pinochet.

Para ello, partió de los antecedentes del vigente modelo de pensiones en Chile, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Antes de este modelo, existía en Chile un sistema de cajas de previsión, en las cuales los trabajadores y trabajadoras cotizaban en función de la rama de la industria a la que pertenecían. Esas cajas funcionaban de acuerdo al sistema que se conoce como de reparto, y se basaba en descontar una aportación a los trabajadores y trabajadoras que pertenecían a la caja para así pagar la pensión de los jubilados y jubiladas de esa caja.

En el año 1968 existían en Chile cerca de 30 cajas de previsión, que operaban por medio de más de cientos de leyes del Gobierno. Cada año el Congreso despachaba distintas leyes para regular, establecer o fijar pensiones para grupos o personas en particular, o bien para fijarlas en el sistema en general. Pero este sistema de cajas favorecía el clientelismo político, y así, los grupos con mayor capacidad de presionar lograban mejores beneficios. ​

Ya en la década de los ochenta, en plena dictadura de Pinochet, y a costa de la violenta represión por parte de las Fuerzas Armadas, la derecha y los empresarios, en Chile comenzó una ola de privatizaciones, con el fin de facilitar a la clase empresarial y sus políticos convertir cualquier derecho fundamental en un negocio. Las pensiones, los ahorros de años de trabajo y la seguridad en el momento de la jubilación pasaron a transformarse en millonarias ganancias para entidades privadas.

Fue a finales del año 1980 cuando José Piñera (hermano del actual presidente, Sebastián Piñera), creador también del antiobrero Plan Laboral, impulsó un nuevo modelo para administrar las pensiones y ahorros de miles de personas, a través del Decreto Ley 3.500, llamado Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales pasarían a estar en manos de empresas privadas, bajo una lógica de capitalización individual.

Desde el 31 de diciembre de 1982 hasta la fecha, las AFP pasaron a ser el único sistema de previsión social para todas las personas que se iban incorporando al mundo laboral. Pero ese modelo no se aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes poseen sistemas de pensiones y cotizaciones basados en la modalidad de reparto, en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) y en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA).

Un fabuloso negocio

En este sistema de ahorro y capitalización individual, el dinero acumulado durante la vida laboral es transferido a las AFP. Cada persona está obligada por ley a cotizar en una de las seis administradoras existentes (un auténtico oligopolio). A cada trabajador o trabajadora le pertenece su ahorro previsional y recae en ellos la responsabilidad de preocuparse por su pensión, sin perjuicio de que el Estado garantice pensiones mínimas. El «pilar solidario», mecanismo estatal impulsado en el segundo Gobierno de Michelle Bachellet, permitió que el 60% de los pensionados más vulnerables obtuviesen una ayuda económica; no obstante, este monto está por debajo del salario mínimo. Cada AFP administra cinco fondos (A, B, C, D y E), que se dividen de acuerdo al perfil de riesgo que tenga el o la cotizante.

En Chile cada persona tiene que ahorrar el 10% de su salario. Este ahorro es nominal. En caso de fallecimiento, el dinero aportado es heredable y toda la rentabilidad que gane ese fondo es del o de la titular del fondo. Las AFP, por hacer ese trabajo, cobran una comisión (1,27% en promedio) de ese salario mensual.

De esta manera, alrededor de 27.600 millones de pesos (35 millones de euros, tomando como base el salario mínimo establecido) pasan, cada mes, a las manos de empresas privadas, las que administran a su antojo los ahorros de años de trabajo. Entre las empresas que más se benefician a costa de los bolsillos de los trabajadores se encuentran IPSA (Cencosud, Endesa, Latam, Enersis, Falabella, Colbún, Copec, Soquimich, AES Gener, CMPC) y 10 bancos, entre ellos el BBVA y el Santander.

Pero eso no es todo. Las AFP no sólo «administran» el dinero de miles de personas, sino que lo utilizan para invertir y obtener ganancias aún más millonarias. Las AFP invierten el dinero de los trabajadores en los bancos, por ejemplo, en depósitos a plazo, cuyas tasas de interés fluctúan entre 4% y 4,5% anual. A su vez, estos mismos bancos prestan ese dinero a los trabajadores por medio de créditos de consumo, a tasas anuales de 25%. Un negocio redondo.

Como indica la Fundación Sol, las AFP son bancos encubiertos de los empresarios más ricos de Chile y de algunas trasnacionales, que utilizan los fondos previsionales para que estos puedan expandir sus inversiones y concentrar aún más el capital  en pocas manos. Constituyen verdaderos monopolios en diversos sectores económicos  administrados por algunas  «familias», como, entre otras, Familia Lucsik (Banco Chile, Mineras), Paulmann (Jumbo, Supermercados entre otros), Familia Solari (Falabella, cadenas de supermercadsos), Grupo Angelini (Copec, forestal arauco entre otros) y Familia Matte (Hidroaysén).

Por otra parte, las AFP, para mantener su legitimación y no ser cuestionadas en su actividad usurera, suelen captar para sus intereses a personalidades del mundo político y autoridades de gobierno, de cualquier tendencia  política, con tal de mantener su monopolio en el actual sistema de pensiones.

Aunque existe una Superintendencia de Pensiones, un organismo fiscalizador de carácter público, lo que suele ocurrir cuando los superintendentes cesan en sus funciones es que pasan a trabajar, directa o indirectamente, en las AFP o empresas relacionadas con ellas, recibiendo suculentos salarios o dietas, lo cual socava el poder fiscalizador de ese organismo.

Otro datos que aporta el colectivo No + AFP son que el 90% de las pensiones que pagan las AFP tienen un monto inferior al 64% del salario mínimo. O que ese 90% de los pensionistas con pensión programada recibe pensiones inferiores de 144.000 pesos (183 euros), mientras que el promedio de las ganancias diarias de las AFP es de un millón de pesos (1.270 euros). En este sentido, las precarias jubilaciones empeoran cuando se trata de las mujeres trabajadoras, ya que un 93% de ellas recibe menos de 147.000 pesos (187 euros), mientras que el 87% de los hombres gana esa cantidad.

De acuerdo a un informe, de marzo de este año, de la Superintendencia de Pensiones de Chile, las pensiones pagadas en ese mes fueron de 259.000 pesos chilenos (288 euros) de media, con una gran diferencia entre hombres y mujeres: 320.000 pesos (355 euros) en el caso de los hombres, y 192.000 pesos (213 euros) en el caso de las mujeres.

Un modelo fracasado

Como no podía ser de otra manera, con este modelo de pensiones depredador, el nivel de vida de los chilenos y las chilenas, al llegar a la vejez, se ha deteriorado sustancialmente, dado que se jubilan, gracias a las AFP, con una pensión que es la tercera parte de lo que hoy ganan. Este modelo de fondos privados, además, se ha saldado con un rotundo fracaso en varios países europeos donde se ha exportado, como es el caso de Polonia, y en otros países americanos. Entre estos últimos, Argentina es el ejemplo más conocido.  

Frente al modelo chileno, en la totalidad de los países desarrollados y en la mayoría de los países afiliados a la OCDE existen los sistemas públicos de pensiones, donde las jubilaciones, por lo general, alcanzan un promedio del  70% de los ingresos obtenidos durante la etapa laboral y los sistemas privados de pensiones son complementarios al público y en ningún caso lo sustituyen.

Así las cosas, No + AFP considera que el pueblo chileno debe continuar la movilización en las calles unido y coordinado. Solo así se podrán frenar los planes del Gobierno y, entre otras reivindicaciones, lograr detener los despidos y mejorar las condiciones laborales de la población trabajadora, o acabar con los incrementos de precios. Solo así se podrá conseguir unas pensiones y salarios suficientes para hacer frente al coste de la canasta familiar, estimada en 450.000 pesos (572 euros) mensuales. Y, sobre todo, esa es la única vía para «conquistar un sistema de pensiones de reparto solidario, que ha de ser tripartito y gestionado por trabajadores y personas jubiladas».

Sostenibilidad

Silvestre

Es frecuente la precariedad de recursos humanos y técnicos en los servicios municipales de parques y jardines de los municipios. La gestión de conservación está privatizada en la mayoría de las ciudades. Los intereses económicos, la falta de medios y la desgana en los responsables políticos y técnicos de los ayuntamientos conllevan un deterioro y abandono de las zonas verdes.

El mantenimiento de estos espacios tiene tanta importancia como la creación de nuevos parques y jardines. No es habitual, en este país, que en los nuevos proyectos se tenga en cuenta la conservación del espacio. Es más normal ver cómo se gastan grandes sumas de dinero en la ejecución  de los nuevos proyectos para que, a los pocos años, presenten un estado lamentable por falta de un adecuado mantenimiento.

Actualmente, la tendencia es diseñar jardines que no requieran excesiva mano de obra y en los que las labores de mantenimiento estén mecanizadas. Las superficies se siembran con cespitosas que requieren gran consumo de agua (desiertos verdes), se adoquinan o se cubren con un geotextil, los árboles están constreñidos en unos alcorques ridículos y los parterres son monocultivos arbustivos. Las rosaledas, setos, borduras y las plantas vivaces y de temporada prácticamente han desaparecido. Los árboles de gran porte no se plantan porque acarrean problemas en el mantenimiento. Hay menos diversidad vegetal, los espacios son más homogéneos. Con segadoras, desbrozadoras y cortasetos se llevan a cabo la mayoría de las labores de conservación.

Esta tendencia de minimizar los trabajos de mantenimiento en las zonas verdes, en muchos casos, se enmascara con el término «sostenibilidad», que va asociado a otra palabra que también está de moda, «resilencia», que es la capacidad que tienen los seres vivos para adaptarse a los cambios. Por una parte, aconsejan la utilización de especies resilientes; por la otra, suprimen cualquier brote de árbol que haya salido de manera espontánea.

Se racanea en el agua, en la superficie de cultivo y en la calidad de la tierra. Los árboles caducifolios, en este clima, tienen pocos recursos para adaptarse a estas nuevas condiciones de escasez de lluvia y altas temperaturas. Podemos ver cómo la falta de riego está secando las arboledas de las calles. Este déficit hídrico se agudiza con la falta de precipitaciones y el aumento de la temperatura. Tenemos un buen ejemplo con las calles que están plantadas de tilos, árboles que presentan serias dificultades para su desarrollo en un clima continental como es el nuestro. Tendríamos que hacer un esfuerzo en su mantenimiento, empezando por el riego (imprescindible la conservación de las caceras) y el no refaldado de sus troncos.

Si se hace una nueva plantación, es obligado hacerla mixta, con especies de mayor desarrollo que protejan a los tilos, y se ha de demandar al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) un programa de cultivo, en su vivero de Sotopavera, de las especies que se deban plantar. Un jardín es  sostenible cuando lo preservamos para las generaciones futuras. No tenemos que olvidar que la jardinería es el oficio del cuidado de las plantas.

Altajo nº 14 – Noviembre

Altajo nº 13 Octubre

ALTAJO: ORGANO DE EXPRESIÓN DE LA CNT Y LA FAL DE ARANJUEZ; Nº12 – SEPTIEMBRE 2019

El Altajo ya esta en la calle, también podéis encontrarlo impreso en el puesto que ponemos los sábados en el plaza.

CNT Altajo N° 11

Ya esta en la calle el nuevo número del Altajo, el órgano de expresión de la CNT Aranjuez. Podéis encontrarlo en papel en el puesto que ponemos en la plaza del ayuntamiento los sábados.

CHARLA-COLOQUIO “EL MITO DE LA INSOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES”

El pasado día 11 de junio, organizado por el Colectivo de Pensionistas de la CNT-Aranjuez, se celebró, en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, una Charla-Coloquio sobre “el mito de la insostenibilidad de las pensiones”. En dicho acto intervinieron el compañero Mariano, quien habló sobre el contexto histórico en el que se ha ido fraguando la actual situación de las pensiones e informó de la próxima celebración de una Conferencia Nacional de la CNT sobre Pensiones. Posteriormente, el compañero Domingo intervino para desmontar los argumentos empleados por el capital para “justificar” la insostenibilidad de las pensiones: el presupuesto de las pensiones públicas no está equilibrado, la “ratio” cotizantes-pensionistas es insostenible y las pensiones son demasiado generosas. Argumentos construidos políticamente para justificar la privatización de las pensiones. En el proximo número de ALTAJO publicaremos un análisis en detalle del contenido de la charla y el posterior coloquio.

ALTAJO: ORGANO DE EXPRESIÓN DE LA CNT Y LA FAL DE ARANJUEZ; Nº10 – JUNIO 2019

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