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La religión de los «expertos». La teología tras la técnica

El pasado 6 de abril, Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, consideraba «imprescindible» un «nuevo pacto social» y una reforma del «Estado del bienestar» («Orientaciones de la Conferencia Episcopal ante las elecciones generales», zenit.org, 7 de noviembre de 2019). Es en nuestra existencia como grupo, como en los antiguos teóricos del pactismo social, donde se encontraría el argumento para limitar la libertad individual en beneficio del «pacto», expresión que se usa sin que parezca oportuno aclarar que un acuerdo, por definición, sólo puede darse entre partes previamente en desacuerdo o en conflicto. Se hace necesario señalar, así, que si todos tuviésemos intereses comunes no se haría necesaria negociación alguna, y menos aún una en la que, con paternalismo, una élite «cualificada» se arroga nuestra tutela. En el caso que nos plantea Argüello, no cabe pensar otra cosa que la teología vendría a velar por el «buen» uso de una tecnocracia que, desde la apelación al «bien común», y al margen de «intereses corporativos o ideologizados», nos dice, no sólo no se censura realmente, sino que se hace necesaria.

Unos meses antes, el papa Francisco, quien defiende que «el cristianismo no es de derecha ni de izquierda» (religiondigital.org, 15 de abril de 2019), expuso en su encíclica Laudato si: «La tecnología ha remediado innumerables males […]. Pero […] [da] un tremendo poder […] a quienes tienen el conocimiento, y sobre todo el poder económico para utilizarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad […]. Tanto poder […] es tremendamente riesgoso que resida en una pequeña parte de la humanidad». De sus palabras se infiere, sin embargo, que los jefes religiosos, otra «pequeña parte de la humanidad», parecen ser los únicos autorizados para administrar un poder al que describe asegurando: «Los objetos producto de la técnica no son neutros, porque […] orientan las posibilidades sociales en la línea de los intereses de determinados grupos de poder. Ciertas elecciones, que parecen puramente instrumentales, en realidad son elecciones acerca de la vida social que se quiere desarrollar». Y, citando El ocaso de la Edad Moderna de Romano Guardini, añade: «El hombre que posee la técnica sabe que, en el fondo, ésta no se dirige ni a la utilidad ni al bienestar, sino al dominio». 

Según Roberto López Torrijos (La tecnocracia franquista: un derivado específico de la tradición neorreaccionaria española y europea, IV Congreso sobre Estudio de Historia, Derecho e Instituciones, 2016), la «cohesión orgánica de la sociedad», justificada por la creencia en un «organicismo social», «es un rasgo común de todos los movimientos destinados a superar la modernidad. Pero lo característico del organicismo español […] no es su inspiración en la ciencia biológica ni en las teorías evolutivas, sino en la teología, convertida en una ciencia social que entendía el colectivo en clave corporativa, para concluir la teologización de la sociedad […]. Los neorreaccionarios monárquicos […] probarán […] imponer y desarrollar su ideario […] ocupando lugares clave en la Administración, el Gobierno, la banca, las finanzas, la empresa y las universidades […]. [Y], a partir de la aceptación del pleno valor doctrinal de la modernidad, tocaba reelaborar ésta […] las perspectivas subjetivas, con sus corolarios de autonomía, no debían poner en peligro el sistema con sus propuestas humanas […]. Superada y vencida la anti-España (por medios que cualquier observador imparcial habría definido como inmorales) […], comenzaba la hora de los especialistas, es decir, los “tecnócratas”».

El problema de España

En los años cuarenta, falangistas orteguianos y miembros del Opus Dei influidos por Ramiro de Maeztu, «se enzarzaron en el debate intelectual conocido como El Problema de España […]. Con todo, existía una gran coincidencia de fondo […], la cuestión de las élites, aquellos hombres eficaces cuyas cualidades personales, según Ortega, condensarían las potencialidades de la nación. Esta propuesta orteguiana se asemejaba enormemente, cambiando “masa vertebrada” por “objeto social orgánico”, a los esfuerzos de Maeztu en favor de la configuración en España de lo que él denominaba una burguesía responsable […]. Frente al subjetivismo de la modernidad, que se entendía como expresión individual de las distintas esferas autónomas cuyos intereses colisionaban entre sí y conducían al desgarro social, la derecha neorreaccionaria reafirmaba la interdependencia de todos los actores terrenales, con el objetivo de que la armonía rigiera la imitación humana de Dios. Para este objetivo resultaban vitales, por tanto, unas instituciones teológicamente fundadas […] que podían permitir la posibilidad de volcar el organismo divino en una organización social […] basada en […] la doctrina organicista del Derecho Público Cristiano». De acuerdo con el tecnócrata Calvo Serer, «España había resultado vencedora en esta lucha gracias a su victoria en la Guerra Civil» (La tecnocracia franquista…).

En opinión de Pedro Carlos González Cuevas (La derecha tecnocrática, Historia y Política, 2007), hacia 1948 existía ya «una nueva elite político-intelectual» que bebía de la revista Acción Española, que dirigiera Ramiro de Maeztu, y la editorial Rialp, pero que ahora tenía acceso a otros muchos medios, como ABC, desde los que publicitaban una «monarquía tradicional y corporativa», a la que legitimaban situándola «por encima de las discordias civiles y de los intereses sociales y económicos en liza». La mayoría de sus principales figuras tenían relación con el Opus Dei, «muy influyente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas». La teología de José María Escrivá de Balaguer, condicionada por la ideología reflejada en Acción Española, se encontraba «en la línea de las teorías económicas de Ramiro de Maeztu». Éste, en El sentido reverencial del dinero, editado por Rialp, «propugnaba la simbiosis entre catolicismo y desarrollo económico capitalista».

Para López Torrijos, «Maeztu, sobreinterpretando a Max Weber, había justificado un espíritu moralmente superior al capitalismo: una ética católica del capitalismo […]. El desarrollo virtuoso de la labor profesional o comercial por cada uno de los miembros implicados de la comunidad se convertiría en una manera de obtener la realización personal, la gracia y la salvación». El sociólogo Amando de Miguel (Sociología del franquismo: análisis ideológico de los ministros del régimen, 1975) «había situado a los ministros tecnocráticos […] bajo la denominación de “integristas” […]. De esta manera, para López Torrijos, el régimen franquista puede ser visto como la resultante de la confluencia del nacionalismo antidemocrático y del fascismo». 

Por su parte, González Cuevas, que parece haber identificado una vía española a la tecnocracia, señala que las bases del Gobierno tecnocrático la hallaríamos en «la consolidación del llamado Estado benefactor, cuyos orígenes se encontraban en la Alemania de Bismarck, a partir de las ideas de Lorenz von Stein sobre la monarquía social […], un modelo de Estado autoritario del bienestar. Su objetivo era corregir por el sector público los efectos disfuncionales de la sociedad industrial competitiva […] por una necesidad histórica, dado que era preciso optar, ante la presión de las clases trabajadoras, entre reforma y revolución […]. Todo este proceso sociopolítico contribuyó decisivamente al ascenso de nuevas elites cuyo capital simbólico era el saber científico-técnico y, por ende, a nuevas formas de legitimación política […]. El Estado, al […] convertirse en agente interventor en la economía y entre los distintos grupos sociales, necesitaba una legitimación directa, que se satisfacía, según señalaría Jürgen Habermas, mediante la ideología tecnocrática […]. El Estado tendía a legitimarse por el progreso técnico» […]. Poco después aparecía en Norteamérica la denominada Tecnocracia, cuyos principales representantes eran Howard Scott y Thorstein Veblen […].

«En España, el jurista Eduardo Luis Llorens interpretaba la emergencia de la alternativa tecnocrática como “una de las manifestaciones de la mentalidad postbélica orientada hacia la dictadura” […]. Tras la II Guerra Mundial, las sociedades europeas experimentaron […] un crecimiento económico extraordinario y […] la consolidación del Estado benefactor, secularización religiosa, integración europea, unido a un cierto escepticismo hacia las utopías sociopolíticas, lo que llevó a hablar del fin de las ideologías; todo lo cual favoreció la consolidación de las elites tecnocráticas en el aparato estatal». Jean Meynaud, observó que «las cuestiones técnicas exigían conocimientos especulativos y, en consecuencia, la mayor parte de la población quedaba excluida de las decisiones políticas […]. Y es que la ideología tecnocrática exaltaba, ante todo, la competencia, la especialización y la racionalidad de las elites, de cara al logro del desarrollo económico; y ello implicaba cierta predilección por el autoritarismo, al estimar que los grandes cambios sólo pueden hacerse desde arriba».

Carl Schmitt, en su conferencia La época de las neutralizaciones y despolitizaciones (1929), confesó que albergaba «la utópica esperanza de lograr, a través de una nueva religión de la tecnicidad, “la despolitización absoluta”» (La derecha tecnocrática). «A partir de los años cincuenta, [se produjo] la controversia en torno al tema del fin de las ideologías, un tema planteado por Raymond Aron y Daniel Bell, en Francia y Estados unidos […]. Aron centró sus críticas en el marxismo como nueva “religión de reemplazo” o “religión secular”; y confiaba en que los efectos del llamado Estado benefactor eclipsaran su proyecto revolucionario y difundieran entre las masas el “escepticismo” político […]. Bell insistió en que las ideologías revolucionarias del siglo XIX habían entrado en crisis […]. En el Occidente capitalista existía, a su juicio, un acuerdo generalizado sobre cuestiones políticas como la aceptación del Estado social, el deseo de un poder descentralizado, el sistema de economía mixta y el pluralismo político. De ahí que la ideología se encontrara “intelectualmente desvitalizada”. Ni Aron ni Bell eran partidarios de la tecnocracia […]. (No obstante, en España estos planteamientos fueron interpretados como una apología directa de la tecnocracia)». 

El crepúsculo de las ideologías

En 1965, Fernández de la Mora publicó en la editorial Rialp El crepúsculo de las ideologías, donde presenta una «concepción del proceso histórico, tomada de Comte» en la que el «progreso es sinónimo de racionalización de los distintos aspectos de la vida social y política». Así, las consecuencias sociales y políticas del «desarrollo» […] eran altamente liberadoras: homogeneización de las clases sociales, pragmatismo, bienestar y moderación política y económica […]. Distinguía, en ese sentido, entre ideas e ideologías. Mientras las primeras eran proyectos elaborados por las elites intelectuales, las segundas podían ser definidas, siguiendo a Pareto, como «derivaciones», es decir, «mitos», «creencias», filosofías políticas «popularizadas», «patetizadas», «simplificadas» […]. De esta forma, se imponía […] la preeminencia de los «expertos» sobre los ideólogos; y la autoridad del ejecutivo sobre el legislativo […]. El tipo de Estado que se correspondía plenamente con la nueva «edad positiva» […]. Era lo que Fernández de la Mora denominaba «Estado de razón» […] desideologizado, donde las ideologías serían sustituidas por ideas «rigurosas y exactas».

Para José Vidal Beneyto, «sus tesis conducían al fascismo». Pablo Lucas Verdú le acusó de «paternalismo» y de querer resucitar el despotismo ilustrado. Gonzalo Puente Ojea denunció su intento de legitimar la «unidimensional» sociedad neocapitalista. Más positivo fue Salvador Paniker, para quien la obra significaba la aparición en la sociedad española de la «ética puritana del trabajo». Pérez Embid, editor de muchos de sus artículos, sin embargo, llegó a someter algún artículo de Fernández de la Mora a la consideración de teólogos por si pudieran incurrir en una herejía, pues «su racionalismo había llegado demasiado lejos» (La derecha tecnocrática).

Muchos de sus críticos compartían, sin embargo, su desconfianza, cuando no negación, en la posibilidad de que la mayoría de la población, en la que camparía el mito, tuviera la capacidad de acceder correctamente al conocimiento, asimilando y aplicando las ideas elaboradas por la cultura académica a sus vidas, mientras que, por otro lado, existiría una elite exclusiva que monopolizaría el acceso a la verdad, al logos. Una visión extremadamente compatible con el mantra repetido hasta la actualidad de que los culpables de la pobreza son los pobres. En un círculo vicioso de profecía autocumplida, una élite aboga por limitar la participación política que, convenientemente presentada como incapacidad, se convierte en la causa de la necesidad de limitar la política y del Gobierno de las élites.

Roberto López Torrijos, por su parte, asegura: «La desconfianza en las posibilidades utópicas y emancipadoras de la razón […] supone la especificidad más apreciable del pensamiento político conservador […]. De hecho, la denominación de “tecnócratas” con la que nos referimos habitualmente a la “familia franquista” […] soslaya el compromiso ideológico de sus miembros y las evidentes continuidades que los vinculaban con la tradición neorreaccionaria y monárquica […]. La denominación de “tecnocracia franquista” evoca semánticamente un presunto carácter aséptico y secular de los Gobiernos tardofranquistas».

Hoy, el hilo de la encíclica Laudato si nos conduce a una crítica contra la «desmesura antropocéntrica» de «la modernidad», que seguiría «dañando toda referencia común y todo intento por fortalecer los lazos sociales». Lo que lleva al autor a defender que «no se puede justificar una economía sin política», a la vez que descarga en los consumidores una «responsabilidad social» esgrimiendo dos citas: «Comprar es siempre un acto moral, y no sólo económico» (encíclica Caritas in veritate, Benedicto XVI, 29 de junio de 2009), y «por eso, hoy “el tema del deterioro ambiental cuestiona los comportamientos de cada uno de nosotros”» (Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 2010). Coherente con ello, Luis Argüello nos advierte de que «tanto en el campo de la identidad nacional como en el de la identidad personal, el llamado “derecho a decidir” no es moralmente legítimo en sí mismo, pues supondría la absolutización de la voluntad de poder”» (Orientaciones…). Resulta perverso apelar a la falsa interpretación que del concepto de «voluntad de poder» de Nietzsche hicieron los nazis para censurar la libertad personal que choca, precisamente, con la «voluntad de poder» que pretende limitar con líneas rojas el derecho de la ciudadanía a elegir.

Sobre el sexo de los ángeles y las constituciones sin ideología

En el cuarenta aniversario de la Constitución se publicaron artículos en los que se insistió en la neutralidad ideológica del texto. En uno de ellos (El Mundo, 5 de diciembre de 2018) se citaba al profesor de Derecho Político Santiago Varela, quien decía que existió «una deliberada decisión del constituyente de hacer una síntesis de continuidad y cambio excluyendo la ruptura histórica y las fórmulas constitucionales innovadoras cargadas de ideología». Quizá sea pertinente indicar que, según el historiador Juan Pablo Fusi, el análisis de Varela sobre la II República «le llevó a creer que la estabilidad de la democracia a la muerte de Franco exigiría […] un sistema de partidos fuerte y sólido» (El País, 23 de julio de 1993). En el artículo de 2018 también se decía: «Hernández-Gil, presidente de las Cortes Constituyentes (sic), [sostuvo] que la no adscripción de la Constitución a una ideología concreta no equivale a indiferencia […]; antes al contrario, la Constitución es pródiga en la mención de los valores que profesa».

Para estos autores, la «continuidad» o los «valores» no serían ideológicos, mientras que «la ruptura histórica» estaría cargada «de ideología». El deseo de presentar la Constitución como ideológicamente inmaculada podría haberse logrado más negando la evidencia que eliminando sus rasgos ideológicos. Así, Raúl Morodo, del Partido Socialista Popular (PSP), recordó en una entrevista: «A los ponentes, conscientemente o no, […] se les olvidó incluir un preámbulo, una cuestión que […] tenía mucha importancia ideológica, en el marco de la discusión entre ruptura y reforma» (El Mundo, 6 de diciembre de 2018). Tuvo, finalmente, preámbulo gracias a una enmienda del PSP.

Que se sostenga que la Constitución no contiene ideología puede deberse al uso restrictivo que se le ha dado a este concepto, hasta reducirlo al significado que más ha convenido a los que niegan tenerla. Cosa improbable si atendemos a la definición que del término ideología nos ofrece la RAE: «Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.».

Emmanuel Lizcano, profesor de Sociología del Conocimiento, en su entrada «Ciencia e Ideología» en el Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, explica: «Las muy distintas –y hasta incompatibles– definiciones del término ideología pueden agruparse en dos categorías básicas. Una hace referencia al sistema de ideas y valores de cada sujeto social (individuo, grupo, clase…) y a los discursos mediante los que esos sujetos se expresan y se construyen como tales. La otra apunta al sistema de ideas y valores de la clase dominante y al discurso destinado a legitimar y mantener dicho dominio, en particular imponiéndose a sí mismo como discurso de la verdad. La opción por una u otra categoría es más política que teórica. La primera, al prestar atención a cada grupo social, destaca la heterogeneidad y se muestra sensible, en particular, a los singulares modos de expresión que, en mayor o menor grado, escapan a las ideas dominantes; pero, al caracterizar cualquier discurso como ideológico y sujeto a intereses particulares, su pretendida neutralidad valorativa tiene como efecto neutralizar la asimetría existente entre aquel discurso capaz de imponerse como único verdadero –pues él define qué sea la realidad y los intereses generales– y los restantes discursos que así quedan desvalorizados, marginados o silenciados. […] Si bien es cierto que cualquier sujeto tiene –o mejor, como dice Ortega, es tenido por– un sistema de ideas, no lo es menos que no todo sistema de ideas –ni, menos aún, toda forma de pensamiento– se orienta a enmascarar la forma de dominio vigente en cada sociedad o momento histórico. En concreto, consideraremos ideológico a aquel conjunto de ideas y valores –y a los discursos y prácticas que lo sostienen– orientado a: 1) presentar como universal y necesario un estado de cosas particular y arbitrario, haciendo pasar así cierta perspectiva y cierta construcción de la realidad –la que favorece una relación de dominio– por la realidad misma, y 2) borrar las huellas que permitan rastrear ese carácter construido de la realidad, de modo que tal presentación llegue a percibirse como mera y rotunda representación de “las cosas tal y como son”, de “los hechos mismos”. […] Acaso toda sociedad necesite para instituirse de una ficción colectiva que le aporte fundamento, cohesión y sentido, y si es cierto que esas funciones sólo se cumplen en la medida en que se olvide el carácter ficticio de esa ficción fundacional y venga tal ilusión –relegada ya al inconsciente– a confundirse con la realidad misma […]». 

La teoría «científica» de Marx y Engels

Si aceptamos lo dicho anteriormente, debiéramos aceptar que los únicos que cumplen con las condiciones de la ideología expuestas por Lizcano son los que niegan poseerla. Así lo hicieron Marx y Engels que, para legitimarla, calificaron a su teoría de «científica», como la única realidad posible. Ellos, al introducir el término en su obra La ideología alemana, dieron origen al fenómeno de su uso en el lenguaje común. En la actualidad, y de la misma forma que los autores de El capital, obra que completó Engels, el liberalismo se niega como ideología y afirma ser una «ciencia».

Liberalismo y marxismo coinciden en descalificar como «utópica» cualquier propuesta alternativa a sus postulados, aunque el marxismo descalifica como «ideología» a las ideas de la clase dominante, que ésta impone como normalidad social; mientras que el liberalismo deslegitima cualquier crítica a su ortodoxia dominante tachándola de «ideológica». Para algunos liberales, la Constitución, siendo liberal, es ideológica porque permite aplicaciones graduales del liberalismo.

Juan Laguna, en su artículo «Revisión crítica de la Constitución de 1978 de Tiempo Liberal» (Expansión, 2018) contaba que, trece años antes, «nacía un proyecto en forma de asociación política de carácter liberal […] superando las rancias y anacrónicas “derechas” e “izquierdas” con que nos han enfrentado y manipulado durante demasiado tiempo […] “Tiempo Liberal” […] nos planteamos la lectura crítica del texto constitucional de 1978 […]. Se trataba de un texto de reconciliación y concordia entre los españoles […]. El mismo preámbulo […] resume el espíritu del texto  […], el pensamiento político que, en forma explícita, se instauraba con la Constitución: “un estado social y democrático” […]. Se excluía (se excluye) del texto constitucional la existencia de otras ideologías diferentes y su neutralidad quedaba en entredicho tras haberse proclamado como valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado, “la libertad, la igualdad y el pluralismo político”. Valores que, como estamos viendo, ni son neutrales ni reflejan otra cosa que un cauce socializante que limita gravemente determinados derechos, como el de propiedad». 

Sin embargo, para Rafael Escudero, autor de Modelos de democracia en España. 1931 y 1978, «la crisis económica ha puesto de manifiesto una profunda crisis institucional que cuestiona las bases del sistema político nacido con la Constitución de 1978. En un momento en que agentes y entidades al servicio del mercado campan a sus anchas en el espacio público, la ciudadanía se siente más desamparada que nunca. Máxime cuando vuelve la mirada hacia la norma fundamental del sistema jurídico, la Constitución, y no encuentra allí instrumentos que defiendan los derechos fundamentales o la participación ciudadana en los asuntos públicos. La crisis no ha hecho sino agravar los déficits estructurales del sistema constitucional español desde la Transición, un sistema que sentó las bases para la sociedad desigualitaria, individualista, machista, poco participativa y nada sostenible en la que hoy vivimos […]. La Constitución nació […] bajo el escaparate de una democracia formalmente representativa en el marco de una economía capitalista, su articulado permitió que conservaran sus privilegios quienes durante la dictadura controlaron los resortes de los poderes políticos, económicos y mediáticos”.

En este sentido, cabría recordar que de los siete «padres de la Constitución», Fraga, fundador y ponente de Alianza Popular (AP), había sido consejero nacional del Movimiento, procurador en Cortes y, como ministro de Información y Turismo, redactó la Ley de Prensa e Imprenta franquista. Los tres ponentes de la UCD fueron altos funcionarios de la dictadura, de los cuales Herrero de Miñón, quien abandonó el «centro» para integrarse en AP, fue letrado del Consejo de Estado del régimen, y José Pedro Pérez-Llorca lo fue de las Cortes franquistas.

El que fuera dirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Miquel Roca, ponente del Pacte Democràtic per Catalunya, se consideraba de «centro», y, cuando la UCD desapareció del mapa electoral, intentó ocupar su espacio con el fracasado Partido Reformista Democrático. Sólo dos ponentes se presentaban como de «izquierda»: Peces-Barba, que sólo tres años antes de morir el dictador ingresó en un PSOE en proceso de abandonar el marxismo; y el comunista Jordi Solé Tura, que en 1991 se convirtió en ministro de Cultura con Felipe González y fue el único encarcelado por la dictadura. 

Las ideologías, de los «siete padres de la Constitución» se ven reflejadas en una más que probable ideología constitucional. Francisco Fernández Segado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, en su artículo “Consenso e ideología en la Constitución española de 1978”, afirma: «Una ideología demoliberal recorre buena parte del articulado constitucional […] transida por un soporte ideológico demócratacristiano. […] La “fórmula política” de la Constitución, esto es, la expresión ideológica jurídicamente organizada de una estructura social, aun cuando acomodada a una ideología demoliberal, nos ofrece numerosos reflejos […] de esa otra ideología que podríamos identificar con la del socialismo democrático». Puesto que éste es liberal en lo político y capitalista en lo económico, puede que la mejor manera de interpretar el sustrato ideológico de la Constitución sea recurriendo al origen de los términos «izquierda» y «derecha», que nacieron para señalar tendencias liberales. Los que rechazan que el liberalismo sea una ideología, no renuncian, sin embargo, a presentarse como el centro que, paradójicamente y por definición, no puede ser otra cosa que el espacio donde la «izquierda» y la «derecha» liberal se encuentran y no el espacio neutral que pretenden ser. El «consenso» entre «ideologías» se resuelve, así, en el acuerdo sobre mínimos ideológicos comunes. 

Las ideologías, de los «siete padres de la Constitución» se ven reflejadas en una más que probable ideología constitucional.

Recordemos que la ideología, como nos aclara Lizcano, se niega como tal y se presenta como un valor objetivo y universal. Justo como siempre nos han presentado, los «siete padres de la Constitución» y sus defensores, la llamada «ley fundamental». Éstos olvidan que el texto pudo haber recogido, en exclusiva, la ideología del partido en el Gobierno de aquel momento.

La elaboración de la Constitución de 1978

Fernando Palmero, columnista de El Mundo y autor de las catorce entrevistas recogidas en Homenaje a la Constitución. 1978-2018, cuenta que Adolfo Suárez, en el mensaje televisado que puso fin a la campaña electoral, el 13 de junio de 1977, «prometió la elaboración de “una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños”. Pero aquello quedó en lo que era: una promesa para captar votos. Nada más alejado de las intenciones del Gobierno, cuya primera propuesta […] consistía en la elaboración por parte de su equipo, en el que Miguel Herreroejercía de secretario general técnico, de un borrador que se sometería a la consideración del Congreso. Rechazada la idea por la oposición, se propuso la creación de una comisión de expertos […]. Pero los legisladores se resistieron a ser meros espectadores, por lo que se decidió la creación […] de un equipo de ponentes para redactar la nueva Carta Magna» (El Mundo, 6 de diciembre de 2018).

Este grupo, de acuerdo con el relato del periódico La Vanguardia, comienza «a trabajar, en sesiones secretas, el 22 de agosto de 1977 […]. El 22 de noviembre […] Cuadernos para el Diálogo [publicación, en su origen, de línea demócratacristiana, inclinada, en aquel momento, hacia las posiciones de Gregorio Peces-Barbas, uno de sus fundadores] publica los 39 primeros artículos del borrador y, el día 23, varios periódicos hacen público el articulado entero. En él […], los socialistas emiten un voto particular en favor de la República […]. Cuando se inicia la segunda lectura del texto ya hay 168 votos particulares de los ponentes y más de 3.000 enmiendas al anteproyecto. […] En los primeros días de marzo […] Peces-Barba abandona los trabajos en protesta por dos enmiendas presentadas por UCD. […] Lo que busca es evitar que el partido centrista consiga todos sus objetivos mediante “mayorías mecánicas”, es decir, con sus tres votos más el de un aliado circunstancial. […] El 5 de mayo el anteproyecto entra en la Comisión de Asuntos Constitucionales. A partir de ese momento los debates constitucionales pasan a ser públicos, aunque las negociaciones y acuerdos se mantienen en secreto. Se hace un esfuerzo por vender a la población más consenso del que en realidad hay entre bambalinas. […] El 12 de mayo […] adhirió una carga fortísima unitaria y nacionalista. “Indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. El redactado, enfático y embrollado, parece, según algunos autores, que lo rehicieron Miquel Roca y Adolfo Suárez con la cúpula militar presionando y pasando notas desde una habitación contigua al despacho del presidente del Gobierno […]. El 17 de mayo, el PSOE vuelve a protestar enérgicamente por una enmienda de UCD que introduce la posibilidad de suspender ciertos derechos y libertades si la ocasión lo requiere. Alfonso Guerra llega a decir que la Constitución va a ser “reaccionaria” y Felipe González que “el consenso ha quedado roto” […]. El vicepresidente del Gobierno de Suárez, Fernando Abril Martorell, recibe el encargo de recuperar el consenso con el PSOE […]. En el transcurso de una larga cena […] se pactan 25 artículos de la Constitución» («Historia de la Constitución de 1978», La Vanguardia, 6 de diciembre de 2019). Para Fernando Palmero, «UCD […] impuso sus posiciones, gracias a su alianza con Fraga y Roca, lo que provocó la salida de la ponencia del representante socialista, que […] accedió sin embargo a firmar el texto definitivo. […] Herrero […] venció en lo ideológico». 

Eso no es impedimento para que el PSOE, que amagó durante la negociación constituyente con mantener su opción por la república, se reconozca en un texto donde se instituyó, como reconoce Laguna, «el Poder Real como dique a los supuestos encantos del entonces temido “paraíso soviético”. Asimismo, la “soberanía nacional” residía en “el pueblo español”, del que emanan los poderes del Estado, pero… ya se impone al “soberano” un modelo: una monarquía parlamentaria. El proyecto del líder del anterior régimen, quedaba consolidado con su “atado y bien atado”. Nada que objetar salvo la contradicción entre la imposición de la forma de Estado a un “soberano” que se limitó a ratificar la decisión tomada desde unos partidos preexistentes a la propia Constitución».

Lidia Falcón, fundadora del Partido Feminista, denunciaba: «Ya se está sabiendo que cuando Adolfo Suárez investigó la aceptación que tenía la monarquía en España únicamente resultó favorable a ella el 5% de los encuestados. Por ello no se convocó un referéndum sobre el tema y no se volvió a averiguar qué opinión tenía la ciudadanía. Únicamente la rendición del PSOE, del Partido Comunista y del movimiento sindical permitió que se aceptara la monarquía […]. Las amenazas continuas con que el PCE asustaba a sus militantes y votantes eran un chantaje que aceptaron sus fieles y seguidistas militantes y creyeron los sectores asustadizos de la sociedad, todavía conmocionados por el genocidio de la Guerra Civil» («El engaño de la Constitución», Público, 6 de diciembre de 2019).                                                       

Pensiones y trabajos para una vida digna

Domingo M. A.

La huelga general convocada, para exigir trabajos, vidas y pensiones dignos, por los integrantes de la Carta de Derechos Sociales (ELA, LAB, Steilas, ESK, Ehne, Hiru y Etxalde) y CNT, junto a la mayor parte del movimiento pensionista y otros movimientos sociales (feministas, estudiantiles y ecologistas, entre otros), el día 30 de enero en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra, constituyó un verdadero éxito. La participación superó la registrada en las seis huelgas generales que se llevaron a cabo, en el contexto de la llamada «crisis económica», entre los años 2009 y 2013, las huelgas feministas de 2018 y 2019 o la reciente huelga del sector del metal de Bizkaia del año pasado.

Según los convocantes, el paro fue muy amplio en conjunto, especialmente en Bizkaia y en Gipuzkoa, así como en varias comarcas de Araba y Navarra. Por sectores, el mayor seguimiento se produjo en la industria y en muchas grandes empresas. También en la educación pública y otros servicios públicos, como Ayuntamientos, o en atención primaria de Osakidetza (la red sanitaria pública) o el transporte. Todo ello a pesar de los abusivos servicios mínimos decretados por los Gobiernos vasco y navarro. La huelga afectó, asimismo, a la radio y televisión públicas (EITB), que solo emitieron informativos y programas grabados.

Del mismo modo, el paro tuvo notable incidencia en el pequeño comercio de muchos municipios y en grandes superficies. La mayoría de estas (BM, Eroski, Lidl, Dia…) cerraron en Bizkaia y Gipuzkoa, y la repercusión en este sector ha sido alta en Araba y Navarra.   

El mismo día de la huelga se convocaron 101 movilizaciones en las dos comunida-

des, que contaron con una asistencia de entre 140.000 y 145.000 personas. De ellas, 50.000 en Bilbo; 35.000 en Donostia; 25.000 en Gasteiz; 20.000 en Pamplona; y el resto en las manifestaciones de otras localidades, como Eibar, Tafalla, Lizarra o Tutera.

Por otra parte, y esta fue la nota negativa, durante la jornada de movilización fueron detenidas 11 personas: cuatro en Burlata, dos en Pamplona, dos en Donostia, una en Ermua, acusada de «atentado a la autoridad», y otras dos en Zornotza, por «desórdenes públicos».

La gestación de la huelga

Esta huelga general comenzó a fraguarse cuando el movimiento vasco de pensionistas promovió una ronda de contactos, a mediados de 2019, con sindicatos y movimientos sociales, con el fin de valorar la posibilidad de que se convocase una huelga general en defensa de las pensiones públicas. Una iniciativa que CNT entendía como necesaria, pues era preciso ir un paso más allá de lo que se estaba haciendo hasta ese momento. De modo que la convocatoria de esa huelga quedó en manos de las organizaciones sindicales.

La manifestación fue multitudinaria

Puestos de acuerdo con el movimiento pensionista los sindicatos que integran la Carta Social de Derechos, la CNT y otros colectivos, la huelga se anunció el 23 de octubre pasado, sin fijar aún la fecha. Y fue el 26 de noviembre cuando se formalizó oficialmente su convocatoria para el 30 de enero de 2020.

Sin embargo, la CNT, uno de los sindicatos que dieron cobertura legal a la huelga,  quiso dejar claro que, en relación con el escrito de convocatoria de la huelga general presentado ante los Gobierno vasco y navarro, no subscribía el punto 4, que pide el reconocimiento de un sistema propio de relaciones laborales y de protección social para el País Vasco. Un punto que fue introducido unilateralmente por los sindicatos que integran la Carta Social posteriormente, ya que no estaba incluido en el escrito que se presentó, junto al movimiento de pensionistas, en esa rueda de prensa del 26 de noviembre.

Los puntos por los que CNT llamó a secundar la huelga fueron los que se acordaron y presentaron en ese acto, plasmados en un escrito en el cual se exigía al Gobierno central, a los Gobiernos vasco y navarro y a las patronales, lo siguiente:

· Que de inmediato se recupere el poder adquisitivo perdido de pensiones y salarios y que se revaloricen de forma automática en función de, como mínimo, el incremento del coste de la vida.

· Que se deroguen las reformas laborales que entraron en vigor en 2011 y 2013, las cuales han incrementado la precariedad y atacado el derecho a la negociación colectiva. Además de eliminar también los aspectos regresivos de las dos reformas de las pensiones de esos mismos años.

· Que se establezca una pensión mínima de 1.080 euros y un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros.

· Que se elimine la brecha de género en salarios y pensiones.

· Que quien lo desee se puede jubilar anticipadamente, sin penalización, con 40 años cotizados.

· Que se potencie una red de servicios sociosanitarios públicos, universales y gratuitos.

· Que la cuantía de la renta garantizada y la renta de garantía de ingresos sea el 100% del salario mínimo interprofesional.

El frente antihuelga

Como no podía ser de otra manera, en los días previos a la huelga, los Gobiernos vasco y navarro, junto con la patronal de esas comunidades, intentaron dinamitarla con todos sus medios. Como sucede siempre, manifestaron no comprender la convocatoria, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, se negó a recibir a los convocantes de la huelga por problemas de agenda, al tiempo que escurría el bulto alegando falta de competencias. Resulta clamoroso que Urkullu se muestre ansioso por reunirse a todas horas, y con cualquier excusa, con los representantes de la patronal y que para hacerlo con los representantes de los trabajadores no tenga tiempo. En cambio, Maria Chivite, flamante presidenta del Gobierno navarro, al menos tuvo el gesto de recibir a los representantes sindicales, aunque otra cosa es disponer de voluntad política para atender sus demandas.

También el PSOE y Unidas Podemos (UP) se desentendieron de la huelga parapetándose tras el argumento de que hay que dar un voto de confianza al nuevo Gobierno central. Una de las representantes de UP en el País Vasco, Edurne García, aseguraba que el aumento de las pensiones (el mísero 0,9%) por parte del Gobierno de coalición «es una muestra de buena voluntad». En tanto que otra representante del PSOE, Gloria Sánchez, apreciaba claros tintes políticos en la huelga, y que se utilizaba para debilitar al Gobierno.

Del mismo modo, una parte del movimiento de pensionistas del País Vasco y Navarra, próxima a estos postulados del PSOE y UP, se desmarcó de la huelga, alegando que esta convocatoria dividía al conjunto del movimiento. Según este razonamiento, parece ser que el movimiento pensionista ha de permanecer unido, por así decirlo, a la baja y debe asumir los deseos de los sectores menos combativos, o más manipulados por los partidos y los sindicatos de orden. Este sector del movimiento de pensionistas incurrió, además, en una contradicción al no apoyar una huelga que ha servido para hacer confluir las diferentes luchas, cuando el conjunto del movimiento siempre ha defendido la conveniencia de vincularse a otros sectores movilizados. En esta ocasión, ese sector no ha sido fiel a la consigna más coreada del movimiento pensionista, esa de «Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden».

El movimiento de pensionistas incurrió en una contradicción al no apoyar una huelga que ha servido para hacer confluir las diferentes luchas, cuando el conjunto del movimiento siempre ha defendido la conveniencia de vincularse a otros sectores movilizados.

Y qué decir de los sindicatos institucionales CC OO y UGT, que no solo se han desmarcado de la huelga sino que han tratado de torpedearla. Claro, que poco se podía esperar de ellos si tenemos en cuenta que no se opusieron a las reformas de las pensiones que se han ido perpetrando desde 1985 (solo CC OO convocó una huelga general en la de ese año) y que incluso apoyaron con su firma la aprobada por Zapatero en 2010. Sindicatos que, además, ingresan en sus cuentas millones de euros cada año con el negocio de los fondos privados de pensiones.

Así, CC OO de Euskadi, ante la huelga, editó un comunicado en el que afirmaba que después de la huelga empezaría a trabajar «en la recuperación de las señas de identidad del movimiento que a día de hoy han quedado distorsionadas por la convocatoria de huelga general del día 30 de enero». Continuaba diciendo que los sindicatos convocantes de la huelga ponen en peligro la unidad del movimiento pensionista. Y añadía: «Para estos sindicatos parece que es más importante la identidad nacional, las fronteras físicas, la bandera, que los derechos sociales». Tras reprochar a los convocantes que la huelga se desarrollase «en un escenario de reciente conformación del primer Gobierno de coalición progresista en democracia», finalizaba su comunicado insinuando que quienes impulsan la huelga «compiten con la ultraderecha, al menos en el mismo marco temporal, en encabezar la presión a un Gobierno recién conformado».

Como sindicato convocante, CNT salió al paso de algunos de los argumentos de CCOO y UGT, recordándoles la responsabilidad del movimiento sindical ante las cuestiones que se han puesto sobre la mesa con la huelga. También les recordó que aunque las personas pensionistas no estén ya en activo, siguen siendo clase obrera. Para CNT es absolutamente falso el argumento de que ha sido una huelga “nacionalista”. Les recordó a CC OO y UGT que, pudiendo hacerlo, no quisieron convocar una huelga general en todo el Estado.

Ante las afirmaciones hechas desde algunos sectores de que la huelga dividía al movimiento de pensionistas, la central anarcosindicalista sostenía que es también un argumento falso. Porque se trata de un movimiento plural, donde siempre ha habido diferentes visiones que se han manifestado públicamente. En cualquier caso, CNT recordaba que el movimiento de pensionistas como tal decidió hacer la huelga del 30 de enero. Un movimiento que sigue cohesionado; de hecho, cada vez se movilizan más pensionistas.

También recordaba CNT que en la rueda de contactos con sindicatos que llevó a cabo el movimiento de pensionistas antes del último verano, ninguno –CC OO y UGT incluidos– se negó a la huelga general. Y que solo CNT  planteó la posibilidad de ir más allá de un paro de 24 horas y de convocarlo en todo el Estado.

«¿desde cuándo el movimiento sindical se debe plegar a lo que diga un gobierno? El movimiento sindical jamás debe subordinarse a lo que diga un Gobierno. Y menos compartir argumentario con Confebask (la patronal vasca) e Íñigo Urkullu».

Ahora, CC OO y UGT abogan por dar un tiempo de gracia al nuevo Gobierno de coalición PSOE-UP. «Pero –se pregunta CNT– ¿desde cuándo el movimiento sindical se debe plegar a lo que diga un gobierno? El movimiento sindical jamás debe subordinarse a lo que diga un Gobierno. Y menos compartir argumentario con Confebask (la patronal vasca) e Íñigo Urkullu».

La incoherencia de las coordinadoras de pensionistas

Incomprensiblemente, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) y algunas plataformas integradas en ella, como es el caso de la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de la Comunidad de Madrid, también se han sumado a ese coro antihuelga.

A finales de noviembre del año pasado, la COESPE emitía un comunicado público de apoyo total a la huelga general en Francia del 5 de diciembre de 2019 contra los planes de Macron para minar el sistema público de pensiones. En él, esa coordinadora estatal  decía con energía: «Ha llegado el momento de unir nuestros gritos en una sola voz y luchar juntos y juntas contra los continuos ataques y abusos que venimos padeciendo en todos nuestros sistemas públicos». Y terminaba sentenciando: «Un cambio social nunca ha sido conquistado sin una revolución. Y ahora, ha llegado el momento de la revolución pensionista, ha llegado nuestro momento. Esperamos que esto solo sea el principio y poder desatar una cadena de apoyos que traspase las fronteras de todo el mundo, haciéndose cada vez más fuerte y sólida».

Concentración en apoyo a la Huelga. Madrid.

Pues bien, solo un mes después, la COESPE difundía un nuevo comunicado, esta vez para pronunciarse sobre la huelga general en el País Vasco y Navarra del 30 de enero, titulado, ahí es nada, “Posicionamiento ante una convocatoria ajena a la defensa de las pensiones públicas”. En este escrito, enfatizaba: «El llamamiento a la huelga general del 30 de enero en Euskadi y Navarra no se corresponde con nuestros objetivos y principios. Ha sido promovida de forma unilateral, sin tener el apoyo de la mayoría de las asociaciones de pensionistas de esos territorios. Responde a los intereses del soberanismo que reclama un sistema propio de pensiones en un marco autónomo de relaciones laborales. La convocan ELA y LAB, sindicatos que negocian en las instituciones y empresas vascas la EPSV de empleo que compite con las pensiones públicas. Es una proclama partidista, que favorece los intereses políticos de EH Bildu». Por todo ello, sentenciaba: «La COESPE no participará en esa convocatoria de huelga general, por no ser de ámbito estatal».

En otras palabras, la COESPE se muestra muy contundente, y sin reservas, a la hora de apoyar huelgas generales en defensa de las pensiones… siempre que sean en otro país. Y parece que la «revolución pensionista» de la que habla no tiene recorrido en el nuestro.

Solidaridad con la huelga

En otras comunidades hubo movilizaciones el mismo día 30 de enero en solidaridad con la huelga general en el País Vasco y Navarra, entre ellas en Madrid, Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Asturias y Extremadura.

En Madrid, más de veinte plataformas de pensionistas, organizaciones sindicales, grupos políticos y asociaciones juveniles, entre las que se encontraba el Colectivo de Pensionistas de CNT Aranjuez, convocamos una concentración en la plaza del Museo Reina Sofía. En el transcurso de este acto, cada colectivo dispuso de unos minutos para transmitir sus mensajes a las decenas de personas reunidas en la plaza. Dos días antes, frente al Congreso, habíamos celebrado una rueda de prensa para informar de esa iniciativa de apoyo a la huelga, a la que solo acudió Iñaki Ruiz de Pinedo, diputado de EH Bildu.  

Una hora después de esa concentración, muy cerca de allí, en la calle de Atocha, partió una manifestación, que concluyó en Sol, en apoyo también a la huelga general del País Vasco y Navarra. Una movilización impulsada por el Bloque Combativo y de Clase (en el que se integran AST, CSC, Plataforma Sindical de la EMT, SAS, Solidaridad Obrera y CNT) y que encabezaba una pancarta con el lema “Pensiones públicas. No al Pacto de Toledo”, que congregó a cerca de 200 personas. Como se afirmaba en la octavilla que animaba a participar en la manifestación, «la lucha por la pensiones dignas no es una lucha de las personas mayores, es nuestra lucha, la de toda una clase social, porque ahora nos quieren arrebatar y negar cualquier derecho, incluido el modesto ingreso por el esfuerzo de toda una vida».

Antes de concluir la jornada de huelga, CNT subrayó, en un comunicado, que la lucha por la dignidad no puede ni debe terminar el día 30 de enero ni reducirse a un día de movilización, «como lo está demostrando la marea pensionista, que lleva dos años en las calles». Y llamaba a mantener y extender la campaña de movilizaciones por trabajo, pensiones y vida digna, al tiempo que advertía de que la concertación y el diálogo social «no son más que falsas recetas de quienes buscan evitar, a toda costa, que nada cambie».

Del mismo modo, CNT destacaba el carácter autónomo y transversal del movimiento de pensionistas, «sin banderas ni partidos detrás». Por último, lamentaba el papel que han mantenido hasta ahora CCOO y UGT, a los cuales ha pedido que digan públicamente de qué lado están. Y, sobre todo, CNT les pide a esos dos sindicatos que «dejen de lanzar mentiras para camuflar sus vergüenzas».           

AlTajo nº17 febrero de 2020

Presentación

El SOV de CNT Aranjuez ha impulsado diversas actividades durante el pasado mes de enero. Así, hemos salido a la plaza del Ayuntamiento con una mesa informativa sobre la pobreza energética o hemos creado un piquete en las puertas de la empresa Leroy Merlin por el despido de un compañero en Salamanca, además de plantar de nuevo árboles para la mejora del entorno urbano.

Un mes del que nos despedimos con una conferencia-debate sobre la ideología fascista, «El pueblo reaccionario», muy oportuna en los tiempos que corren, celebrada en el centro cultural Isabel de Farnesio y organizada conjuntamente con el Foro por la Recuperación de la Memoria Histórica Las Vegas. En ella intervinieron Ángel Descalzo, que habló sobre la irracionalidad del fascismo, y Roberto Prada, que se centró en el sujeto fascista.

Y en este mes de febrero, a la vista hay ya dos nuevos actos programados. El día 5, en nuestro videoforum, seguiremos recuperando la memoria histórica con el documental La batalla del Jarama y el debate posterior. Y el domingo 23, si el tiempo lo permite, saldremos al campo a plantar bellotas, la llamada bellotada.

En cuanto al contenido de este número 17 de AL TAJO, en sus primeras páginas incluimos una crónica de Silvestre, Nueva plantación en la zona de Las Aves. Una acción que se llevó a cabo el pasado 25 de enero.

Le sigue otra crónica, con el título Pensiones y trabajos para una vida digna, de Domingo M. A., que analiza el desarrollo de la huelga general del pasado 30 de enero en el País Vasco y Navarra.

Sobre el sexo de los ángeles y las constituciones sin ideología es el título del texto que ocupa las páginas siguientes, en el que su autor reflexiona sobre cuál es el trasfondo ideológico de la Constitución española de 1978.

A continuación, publicamos un texto titulado Noche y niebla, referido al 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, el último de los campos de exterminio nazis.

Después, en nuestra sección de libros, incluimos sendos comentarios sobre dos libros de reciente publicación: Recuerdos de un libertario andaluz, de Manuel Temblador, y Geografía de Abel Paz, de Fernando Casal y María Antonia Ferrer.

Y completamos este número con un poema en prosa de Katerina Gogu, ¿Pero no hay Estado?, traducido del griego y comentado por Yanis Merinakis.

En esta epoca crucial para España, ¡Orad por España!

Angel Caído

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, en una entrevista recogida por Europa Press, manifiesta sentir “inquietud” ante la formación de un Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos; atisba “un futuro incierto” y pide estar “muy alerta” para que se mantenga la clase de religión y los conciertos a los colegios (business is business). Afirma en dicha entrevista que “la situación actual, a mí me produce mucha perplejidad y un horizonte muy incierto. Yo pido al Señor que acierte en la formación del Gobierno y después en la gobernación diaria del Gobierno ya constituido, pero tengo inquietud“.

Para el presidente de la Conferencia Episcopal, en España existen “cuatro o cinco partidos de ámbito nacional con consistencia“, pide recuperar el “espíritu” de la Transición y espera que no se formen bloques (lo de Vox, PP y Ciudadanos debe ser la reencarnación del Espíritu Santo). “Pediría que el espíritu de la Transición, que es de diálogo, de confianza recíproca, de reconciliación, no se olvide, porque si no, es muy difícil poder convivir los distintos” (imagino que se referirá al “dialogo” que en el período de la transición permitió la firma del concordato con la Santa Sede en términos tan favorables a la iglesia católica). Sí señor Blázquez, pediremos al Gobierno diálogo y que tome como ejemplo el que la Iglesia ha mantenido con los que han sufrido las prácticas pederastas de sus curas.

Por otra parte, en una carta a toda la diócesis de Valencia, de fecha 4 de enero, el arzobispo Antonio Cañizares Llovera afirma que “nos encontramos en España con una situación crítica, de verdadera emergencia”.

En una charla con un “señor muy importante de España, de gran sabiduría, lucidez y experiencia”, cuya identidad no desvela, le preguntaba el arzobispo “¿Qué podemos y debemos hacer los cristianos, la Iglesia?“, a lo que éste “señor” le respondía con toda sinceridad y sentido católico de la vida: “que testimonie a Jesucristo, en obras y palabras […] para construir un mundo nuevo con hombres y mujeres nuevos, con mentalidad nueva, una España nueva, que esto cambiará el mundo y nuestra España” (¿sería este señor importante la reencarnación de Durruti? Libertarios alerta).


En estos tiempos de secularización y de eclipse de Dios […] es tiempo de oración […] la renovación y edificación de nuestra España [no] serán posibles si no oramos. Todos debemos orar […] Es preciso, absolutamente necesario, como nos dice Jesús, orar en todo tiempo y no desfallecer […] por eso pido encarecidamente y me pongo de rodillas … [para que] mientras no se aclare el futuro incierto que vivimos ahora en España […] en todas las Iglesias se […] eleven oraciones especiales por España […] La situación urge y apremia […]”.


OS LO REPITO: ORAD POR ESPAÑA. ¡Gracias a todos!

Si señor arzobispo, nosotros también tenemos miedo, miedo de que, al final, como siempre, con gobiernos de derechas o de izquierdas, todo siga igual, pero más igual para unos que para otros, para los de siempre. Por eso, me he tomado la libertad de seguir su consejo, y rezar a su Dios para que algún día la asignatura de religión sea de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos. Para que sólo adoctrinen a aquellos que quieran se adoctrinados.

Voy a rezar a su Dios para que, algún día, se recuperen los bienes inmatriculados (inscritos en el Registro de la propiedad) indebidamente por la Iglesia.

Voy a rezar a su Dios para que, algún día, la Iglesia católica no esté por encima de la Ley, ni disfrute de privilegios que atentan contra el principio de legalidad y de igualdad. Por un Estado aconfesional real.

Voy a rezar a su Dios para que, algún día, se blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo. Si, ya sé, eso va en contra del negocio, pero usted ya sabe, los rojos no tenemos conciencia.

Voy a rezar a su Dios para que, algún día, no se sufraguen con fondos públicos a los colegios concertados que no garanticen la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo.

Voy a rezar a su Dios para que, algún día, se garantice la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria, libros, material escolar y comedor, durante todas las etapas para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica; así como a potenciar la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad.

Voy a rezar a su Dios para que, algún día, se revise el papel de la mujer en la Iglesia. Es el propio Instrumento de trabajo preparatorio del Congreso de Laicos 2020, promovido por la Conferencia Episcopal Española, que se celebrará del 14 al 16 de febrero en Madrid, el que advierte del “escaso protagonismo de la mujer” en la Iglesia. Este texto, Instrumentum Laboris, recoge las aportaciones de 2.485 grupos, integrados por más de 37.000 personas, de toda la geografía española.

Dios es Amor“, repiten insistentemente los católicos. “Dejad que los niños se acerquen a mí”, se puede leer en las escrituras que dijo Jesús. Pero ¿se ha entendido bien este mensaje en el seno de la Iglesia? En el citado Instrumento se pide que, como Iglesia, “se reconozcan los pecados de algunos de sus miembros en lugar de ocultarlos” y se “comprometen a sanar las heridas por ellos provocados“, en referencia a los “graves escándalos de abusos (sexuales, económicos, de poder o de conciencia)”.

Sí ya sé que algunas de estas propuestas figuran en el acuerdo de gobierno PSOE-UP y esos les produce “alerta”, pero no se preocupe, la España profunda, la España rancia, la España católica-integrista, ya está en pie y no pararan hasta evitar los cambios y, si es necesario, derribar el gobierno que se forme. No importan los medios ni las consecuencias. España (su España, no la nuestra), es lo primero. La España cuartelera, la de las banderas, las cuentas en paraísos fiscales y la España fratricida.

Podríamos seguir “dialogando” sobre muchos más temas, pero voy a seguir su ejemplo. Me marcho a rezar a ese Dios suyo para que, con toda modestia, tenga en su mente mis palabras cuando decida “intervenir” en los asuntos terrenales.

Finalmente, y para no extenderme más, les felicito por lo bien que marcha el “negocio”. Según datos de la última memoria de actividades de la Iglesia Católica, han tenido un superávit de 16 millones de euros en 2017. Claro que, en parte, se ha debido a que el 80% de las diócesis no gastó todo su presupuesto, dejando sin gastar 16 millones, un 1,7% del total. “Ha habido una austeridad en el gasto“, ha explicado el responsable económico de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barriocanal. (¿Será porque no hay labores asistenciales que realizar?). Y es que, a la labor asistencial, las diócesis destinaron 55 millones de euros, el 6,1% de sus ingresos. Es lo que se gasta, por ejemplo, en albergues o comedores diocesanos. Tremendo esfuerzo por socorrer a los necesitados.

En definitiva, señor arzobispo, estoy totalmente de acuerdo con Vd. cuando afirma en su carta “lo que digo no es ni retórica ni dramatismo estéril. Es así y no hay que darle vuelta, hora crucial y de emergencia”.

Ni izquierda ni derecha: tecnocracia

Ni izquierda ni derecha: tecnocracia

El 4 de junio pasado, en Antena 3, Albert Rivera, tras asegurar que «Vox tendría que decidir si permiten que Ciudadanos y el PP gobiernen o lo haga la izquierda», no veía contradicción en aseverar también que «lo de la izquierda y la derecha» le parecía «obsoleto» y «le importaba un bledo». Aún más, ante Fórum Europa, en enero de 2018, y presentado por Eduardo Serra, el que fuera ministro con Felipe González y con José María Aznar y hoy presidente del lobby empresarial de las grandes operadoras de telecomunicaciones, Rivera proclamó que el eje izquierda-derecha «ya no existe». Como “liberal”, se negaba a pensar que las preguntas del siglo XXI se respondan con dogmas que «nos mantienen atrapados en el pasado». Y pidió, sin que sus palabras le pareciesen paradójicas, «un proyecto nacional, no de partido» que diera «la batalla al nacionalismo» (Infolibre, 24 de enero de 2018). Para ABC (18 de mayo de 2018), «desde esta formación política […] se zanja el debate así: “Ni de izquierdas ni de derechas, Ciudadanos es transversal”». 

Pablo Iglesias también deseó un «movimiento transversal» y, por ello, defendió ocupar «la centralidad [cuyo significado consideró distinto al del “centro”] del tablero» y rechazaba las reglas del juego de quienes proponen «que nos movamos en ese eje de izquierda-derecha». La misma intención equidistante que manifestó Adolfo Suárez al fundar la UCD. Poniendo esta formación de ejemplo, el filósofo Gustavo Bueno, en El mito de la derecha: ¿qué significa ser de derechas en la España actual? (2008), entendió el “centro” como «resultado de la neutralización de corrientes extremas». «La no ideología» no tuvo el resultado esperado, «por lo que […] empezó a definirse de izquierdas […]». De esta forma, en andalucesdiario.es declaró […]: «Lo que yo digo es que lo que estamos diciendo no es de derechas ni de izquierdas […]. Nosotros es evidente que somos de izquierdas» (elplural.com, 29 de noviembre de 2014).   

Para Basilio Moreno (“Ni de izquierdas ni de derechas: ¿Entonces qué?” camaracivica.com, 2015), en Europa, “izquierda” y “derecha” seguirían siendo referentes para la mayoría de los votantes, porque estas señas de identidad aportarían información sobre lo que se espera del partido. Sin embargo, «últimamente ciertos partidos se han mostrado reacios a entrar en esta batalla ideológica tradicional entre los valores de izquierda y derecha. El Movimento Cinque Stelle (M5S) en Italia o  Podemos en España son algunos ejemplos de ello». Para Moreno, «las etiquetas ideológicas clásicas de izquierda y derecha» estarían «vinculadas principalmente al papel que el Estado debe desempeñar en la economía».

Más allá de la izquierda y la derecha

En ese sentido, el sociólogo Anthony Giddens, autor de Más allá de la izquierda y la derecha: el futuro de las políticas radicales (1994), creyó que, tras la caída del Muro, se abría un nuevo escenario sin lucha de clases y de gestión del Estado donde “liberal” y “social” fueran calificativos compatibles. Abrió así un dilema todavía vivo sobre cuál sería la genuina diferencia entre una “socialdemocracia” despojada del marxismo y del keynesianismo y un “social-liberalismo” que renunciaría al laissez faire.

Keynes había sido cuestionado por las crisis inflacionistas del petróleo de 1973 y 1979 y por la “revolución conservadora” de Margaret Thatcher (1979-90) y Ronald Reagan (1981-89), quienes «promovieron […] bajos impuestos, reducciones del gasto social, todo el poder al mercado, máxima libertad para la iniciativa privada y constantes restricciones a la actividad del sector público» (El País, 8 de abril de 2013).

En 1981 François Miterrand ganó las elecciones en Francia y el Partido Socialista procedió a “reconvertir” o cerrar minas, como ya lo hiciera Thatcher en Gran Bretaña, provocando una protesta y una frustración social que llevó a muchos franceses, defraudados con el “socialismo”, a refugiarse en un nacionalismo que, equiparando las causas de sus problemas, recogía “agraviados” de distintas clases sociales. Es en este contexto cuando el Frente Nacional de Le Pen saltó del 0,2 % de los votos (1976-1981) al 9,8% (1986), escalando hasta el 13,2% en las elecciones de 2017. Una minoría “suficiente” para ser tenida en cuenta por las formaciones que compiten por las mismas bases sociales.

Cuando Felipe González ganó las elecciones en 1982 con el lema “Por el cambio”, influido por el modelo económico de la socialdemocracia francesa, procedió a poner en marcha su propia “reconversión industrial” (1985).

Giddens, ante la crisis de una socialdemocracia que acercaba posturas económicas a los conservadores, convirtiendo el liberalismo en el “centro” político de las sociedades capitalistas, en lugar de proponer una significativa alternativa al modelo neoconservador de Thatcher, formuló una nueva especie política en su libro La tercera vía: la renovación de la socialdemocracia (1998). Como asesor de Tony Blair, primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007, que deseaba consolidar las tendencias “liberales” en el Partido Laborista británico, y, para ello, buscó en la Condición de Samuelson, un sustituto a la identidad económica que les había ofrecido la Teoría de las Demandas Agregadas de Keynes hasta el momento. Un distingo, aunque liberal, frente al liberalismo “conservador”, pues sin distingo solo existiría una única oferta electoral.

La influencia de Giddens como asesor de Blair llevó a que éste bautizara su programa político, ya antes de la publicación del libro del sociólogo, como “the third way” [la tercera vía]. Ambos sentaron las bases de un pensamiento que permitió colaborar, sin contradicciones aparentes, con el “liberalismo conservador” del espectro político. Aznar y Blair coincidieron hasta el punto de formar con George W. Bush “el trío de las Azores” para la guerra de Irak. Gerhard Schröder, canciller alemán del SPD entre 1998 y 2005, imitó el procedimiento.

Norberto Bobbio (Derecha e izquierda, 1994), sobre esto, sostiene: «Entre el blanco y el negro puede estar el gris; entre el día y la noche está el crepúsculo. Pero el gris no reduce en lo más mínimo la diferencia entre el blanco y el negro, ni el crepúsculo la diferencia entre la noche y el día […]. No afecta en absoluto a la antítesis original, puesto que, al contrario, el centro, definiéndose ni de derecha ni de izquierda y no pudiéndose definir de otra manera, la presupone y extrae de su existencia la propia razón de ser […]. En la práctica, una política de tercera vía es una política de centro, pero idealmente ésta se plantea no como una forma de compromiso entre dos extremos, sino como una superación contemporánea del uno y del otro y, por lo tanto, como una simultánea aceptación y supresión de estos».

La disputa por el centro

En esta línea, en 2007, el año que comenzó la crisis, Rosa Díez, tras abandonar el PSOE, anunció la creación de UPyD, un partido “social y liberal”, señalando que su formación no era «ni de derechas ni de izquierdas». Y, en 2011, el año del 15M, Zapatero, quien, tiempo atrás, calificó su programa de «socialismo libertario» (El País, 20 de marzo de 2004), aseguró en el debate sobre el estado de la nación que su gestión no había sido «ni de izquierda ni de derechas». Aquel año, Mariano Rajoy, con el lema “Súmate al cambio”, y con un récord de 186 escaños, ganó unas elecciones que Zapatero, encendiendo las suspicacias, convocó para un 20N. Desde entonces comenzó una caída de votos tanto para el PSOE como para el PP.

En el PP, algunos de sus “líderes de opinión”, y del partido, lo han achacado a la falta de una posición ideológica más clara y definida (“El PP entierra la tecnocracia de la era de Rajoy”, economiadigital.es, 19 de enero de 2019. “¿Un PP tecnócrata o liberal conservador?”, elespanol.com, 26 de junio de 2018), aunque otros, ante el fracaso de Casado, le culparon por su alejamiento del “centro”. Otro tanto podría decirse del péndulo ideológico que suele experimentar el PSOE.  

Para el filósofo Gustavo Bueno, «entre 1789 y 1989 […] la oposición derecha-izquierda comenzará a utilizarse como una oposición dualista (metafísica, mítica) entre las dos mitades o hemisferios que se suponen constitutivos dialécticamente del sistema de referencia, por ejemplo España […]. La derecha [se habría constituido] como reacción del Antiguo Régimen ante los ataques de las izquierdas», y se habría enfrentado «a la primera izquierda jacobina (a Napoleón)». (El mito de la derecha …). «En las Cortes de Cádiz no hay derecha e izquierda […]. Y, sin embargo, hay un dualismo, el Anticristo frente a los cristianos. Napoleón es el heredero de Voltaire, es el Anticristo […] liberal frente al integrista. El liberalismo es pecado de Pío IX» (entrevista en La Nueva España, 19 de octubre de 2008). Esto, según expone en su libro, habría supuesto una «contradicción entre la Guerra de la Independencia y la Revolución española. Dios o el género humano como fuentes del poder político soberano» y la posterior «transformación de la izquierda liberal española en derecha tradicional» y en «derecha liberal».

Para Bueno, como declaró en la citada entrevista, «el viejo mito de la izquierda y de la derecha, del bien y del mal, de la luz y de la oscuridad, de Cristo y del Anticristo se resucitó frente a Aznar. El dualismo maniqueo lo entiende la gente en seguida y es peligrosísimo». Pero también afirmó: «El liberalismo […] tiene sentido político al proponer menos Estado […], una idea de Bluntschli, teórico de los partidos, traducido por Perojo a finales del XIX. Los partidos como parte de un todo que es el Estado. Están enfrentados entre sí, pero dentro del todo común e irrenunciable […]. La ley orgánica de 2002 dice que los partidos forman la voluntad nacional política y pertenecen a la arquitectura de la estructura del Estado».

La defensa del Estado, o “todo común” de los partidos, es el punto de encuentro que les permite aspirar al “centro” desde ambos lados del espectro político sin serias contradicciones. Y es la lucha por el “centro” lo que permite romper el techo de votos en una sociedad desclasada. Así, el PP y el PSOE suelen anunciarse como “centristas” sin renunciar a la coletilla de derecha o izquierda que les permite diversificar el voto –el riesgo, diría un empresario– y diferenciar la oferta electoral. 

Desde el año 2011, la designación de Gobiernos tecnócratas en Europa intensificó la apelación al “centrismo” como una forma de legitimarlos, puesto que tampoco se reconocen ni de “izquierda” ni de “derecha”. Pero, a partir de las elecciones de 2015, cuando pareció materializarse el derrumbe del bipartidismo en nuestro país, por un lado, líderes de un mismo partido ofrecieron indistintamente discursos de “centro” o de “izquierda” y “derecha” según el caso; y, por otro lado, como en la farsa del poli malo y el poli bueno, algunos partidos se han acercado electoralmente ofreciendo mensajes diferentes para diferentes votantes, lo que les permite, usando un símil empresarial, «discriminar precios», pues cada formación podrá alegar que no defiende lo que no sea aceptable para sus votantes, mientras pactan con quien sí lo hace. Estas maniobras, junto a los falsos debates de identidad, niegan la cuestión de la verdadera pluralidad de la oferta electoral y ocultan la realidad de las necesidades y mentalidades existentes en la sociedad, que son ignoradas si no tienen proyección para el Estado.

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