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Pensiones y trabajos para una vida digna

Domingo M. A.

La huelga general convocada, para exigir trabajos, vidas y pensiones dignos, por los integrantes de la Carta de Derechos Sociales (ELA, LAB, Steilas, ESK, Ehne, Hiru y Etxalde) y CNT, junto a la mayor parte del movimiento pensionista y otros movimientos sociales (feministas, estudiantiles y ecologistas, entre otros), el día 30 de enero en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra, constituyó un verdadero éxito. La participación superó la registrada en las seis huelgas generales que se llevaron a cabo, en el contexto de la llamada «crisis económica», entre los años 2009 y 2013, las huelgas feministas de 2018 y 2019 o la reciente huelga del sector del metal de Bizkaia del año pasado.

Según los convocantes, el paro fue muy amplio en conjunto, especialmente en Bizkaia y en Gipuzkoa, así como en varias comarcas de Araba y Navarra. Por sectores, el mayor seguimiento se produjo en la industria y en muchas grandes empresas. También en la educación pública y otros servicios públicos, como Ayuntamientos, o en atención primaria de Osakidetza (la red sanitaria pública) o el transporte. Todo ello a pesar de los abusivos servicios mínimos decretados por los Gobiernos vasco y navarro. La huelga afectó, asimismo, a la radio y televisión públicas (EITB), que solo emitieron informativos y programas grabados.

Del mismo modo, el paro tuvo notable incidencia en el pequeño comercio de muchos municipios y en grandes superficies. La mayoría de estas (BM, Eroski, Lidl, Dia…) cerraron en Bizkaia y Gipuzkoa, y la repercusión en este sector ha sido alta en Araba y Navarra.   

El mismo día de la huelga se convocaron 101 movilizaciones en las dos comunida-

des, que contaron con una asistencia de entre 140.000 y 145.000 personas. De ellas, 50.000 en Bilbo; 35.000 en Donostia; 25.000 en Gasteiz; 20.000 en Pamplona; y el resto en las manifestaciones de otras localidades, como Eibar, Tafalla, Lizarra o Tutera.

Por otra parte, y esta fue la nota negativa, durante la jornada de movilización fueron detenidas 11 personas: cuatro en Burlata, dos en Pamplona, dos en Donostia, una en Ermua, acusada de «atentado a la autoridad», y otras dos en Zornotza, por «desórdenes públicos».

La gestación de la huelga

Esta huelga general comenzó a fraguarse cuando el movimiento vasco de pensionistas promovió una ronda de contactos, a mediados de 2019, con sindicatos y movimientos sociales, con el fin de valorar la posibilidad de que se convocase una huelga general en defensa de las pensiones públicas. Una iniciativa que CNT entendía como necesaria, pues era preciso ir un paso más allá de lo que se estaba haciendo hasta ese momento. De modo que la convocatoria de esa huelga quedó en manos de las organizaciones sindicales.

La manifestación fue multitudinaria

Puestos de acuerdo con el movimiento pensionista los sindicatos que integran la Carta Social de Derechos, la CNT y otros colectivos, la huelga se anunció el 23 de octubre pasado, sin fijar aún la fecha. Y fue el 26 de noviembre cuando se formalizó oficialmente su convocatoria para el 30 de enero de 2020.

Sin embargo, la CNT, uno de los sindicatos que dieron cobertura legal a la huelga,  quiso dejar claro que, en relación con el escrito de convocatoria de la huelga general presentado ante los Gobierno vasco y navarro, no subscribía el punto 4, que pide el reconocimiento de un sistema propio de relaciones laborales y de protección social para el País Vasco. Un punto que fue introducido unilateralmente por los sindicatos que integran la Carta Social posteriormente, ya que no estaba incluido en el escrito que se presentó, junto al movimiento de pensionistas, en esa rueda de prensa del 26 de noviembre.

Los puntos por los que CNT llamó a secundar la huelga fueron los que se acordaron y presentaron en ese acto, plasmados en un escrito en el cual se exigía al Gobierno central, a los Gobiernos vasco y navarro y a las patronales, lo siguiente:

· Que de inmediato se recupere el poder adquisitivo perdido de pensiones y salarios y que se revaloricen de forma automática en función de, como mínimo, el incremento del coste de la vida.

· Que se deroguen las reformas laborales que entraron en vigor en 2011 y 2013, las cuales han incrementado la precariedad y atacado el derecho a la negociación colectiva. Además de eliminar también los aspectos regresivos de las dos reformas de las pensiones de esos mismos años.

· Que se establezca una pensión mínima de 1.080 euros y un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros.

· Que se elimine la brecha de género en salarios y pensiones.

· Que quien lo desee se puede jubilar anticipadamente, sin penalización, con 40 años cotizados.

· Que se potencie una red de servicios sociosanitarios públicos, universales y gratuitos.

· Que la cuantía de la renta garantizada y la renta de garantía de ingresos sea el 100% del salario mínimo interprofesional.

El frente antihuelga

Como no podía ser de otra manera, en los días previos a la huelga, los Gobiernos vasco y navarro, junto con la patronal de esas comunidades, intentaron dinamitarla con todos sus medios. Como sucede siempre, manifestaron no comprender la convocatoria, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, se negó a recibir a los convocantes de la huelga por problemas de agenda, al tiempo que escurría el bulto alegando falta de competencias. Resulta clamoroso que Urkullu se muestre ansioso por reunirse a todas horas, y con cualquier excusa, con los representantes de la patronal y que para hacerlo con los representantes de los trabajadores no tenga tiempo. En cambio, Maria Chivite, flamante presidenta del Gobierno navarro, al menos tuvo el gesto de recibir a los representantes sindicales, aunque otra cosa es disponer de voluntad política para atender sus demandas.

También el PSOE y Unidas Podemos (UP) se desentendieron de la huelga parapetándose tras el argumento de que hay que dar un voto de confianza al nuevo Gobierno central. Una de las representantes de UP en el País Vasco, Edurne García, aseguraba que el aumento de las pensiones (el mísero 0,9%) por parte del Gobierno de coalición «es una muestra de buena voluntad». En tanto que otra representante del PSOE, Gloria Sánchez, apreciaba claros tintes políticos en la huelga, y que se utilizaba para debilitar al Gobierno.

Del mismo modo, una parte del movimiento de pensionistas del País Vasco y Navarra, próxima a estos postulados del PSOE y UP, se desmarcó de la huelga, alegando que esta convocatoria dividía al conjunto del movimiento. Según este razonamiento, parece ser que el movimiento pensionista ha de permanecer unido, por así decirlo, a la baja y debe asumir los deseos de los sectores menos combativos, o más manipulados por los partidos y los sindicatos de orden. Este sector del movimiento de pensionistas incurrió, además, en una contradicción al no apoyar una huelga que ha servido para hacer confluir las diferentes luchas, cuando el conjunto del movimiento siempre ha defendido la conveniencia de vincularse a otros sectores movilizados. En esta ocasión, ese sector no ha sido fiel a la consigna más coreada del movimiento pensionista, esa de «Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden».

El movimiento de pensionistas incurrió en una contradicción al no apoyar una huelga que ha servido para hacer confluir las diferentes luchas, cuando el conjunto del movimiento siempre ha defendido la conveniencia de vincularse a otros sectores movilizados.

Y qué decir de los sindicatos institucionales CC OO y UGT, que no solo se han desmarcado de la huelga sino que han tratado de torpedearla. Claro, que poco se podía esperar de ellos si tenemos en cuenta que no se opusieron a las reformas de las pensiones que se han ido perpetrando desde 1985 (solo CC OO convocó una huelga general en la de ese año) y que incluso apoyaron con su firma la aprobada por Zapatero en 2010. Sindicatos que, además, ingresan en sus cuentas millones de euros cada año con el negocio de los fondos privados de pensiones.

Así, CC OO de Euskadi, ante la huelga, editó un comunicado en el que afirmaba que después de la huelga empezaría a trabajar «en la recuperación de las señas de identidad del movimiento que a día de hoy han quedado distorsionadas por la convocatoria de huelga general del día 30 de enero». Continuaba diciendo que los sindicatos convocantes de la huelga ponen en peligro la unidad del movimiento pensionista. Y añadía: «Para estos sindicatos parece que es más importante la identidad nacional, las fronteras físicas, la bandera, que los derechos sociales». Tras reprochar a los convocantes que la huelga se desarrollase «en un escenario de reciente conformación del primer Gobierno de coalición progresista en democracia», finalizaba su comunicado insinuando que quienes impulsan la huelga «compiten con la ultraderecha, al menos en el mismo marco temporal, en encabezar la presión a un Gobierno recién conformado».

Como sindicato convocante, CNT salió al paso de algunos de los argumentos de CCOO y UGT, recordándoles la responsabilidad del movimiento sindical ante las cuestiones que se han puesto sobre la mesa con la huelga. También les recordó que aunque las personas pensionistas no estén ya en activo, siguen siendo clase obrera. Para CNT es absolutamente falso el argumento de que ha sido una huelga “nacionalista”. Les recordó a CC OO y UGT que, pudiendo hacerlo, no quisieron convocar una huelga general en todo el Estado.

Ante las afirmaciones hechas desde algunos sectores de que la huelga dividía al movimiento de pensionistas, la central anarcosindicalista sostenía que es también un argumento falso. Porque se trata de un movimiento plural, donde siempre ha habido diferentes visiones que se han manifestado públicamente. En cualquier caso, CNT recordaba que el movimiento de pensionistas como tal decidió hacer la huelga del 30 de enero. Un movimiento que sigue cohesionado; de hecho, cada vez se movilizan más pensionistas.

También recordaba CNT que en la rueda de contactos con sindicatos que llevó a cabo el movimiento de pensionistas antes del último verano, ninguno –CC OO y UGT incluidos– se negó a la huelga general. Y que solo CNT  planteó la posibilidad de ir más allá de un paro de 24 horas y de convocarlo en todo el Estado.

«¿desde cuándo el movimiento sindical se debe plegar a lo que diga un gobierno? El movimiento sindical jamás debe subordinarse a lo que diga un Gobierno. Y menos compartir argumentario con Confebask (la patronal vasca) e Íñigo Urkullu».

Ahora, CC OO y UGT abogan por dar un tiempo de gracia al nuevo Gobierno de coalición PSOE-UP. «Pero –se pregunta CNT– ¿desde cuándo el movimiento sindical se debe plegar a lo que diga un gobierno? El movimiento sindical jamás debe subordinarse a lo que diga un Gobierno. Y menos compartir argumentario con Confebask (la patronal vasca) e Íñigo Urkullu».

La incoherencia de las coordinadoras de pensionistas

Incomprensiblemente, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) y algunas plataformas integradas en ella, como es el caso de la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de la Comunidad de Madrid, también se han sumado a ese coro antihuelga.

A finales de noviembre del año pasado, la COESPE emitía un comunicado público de apoyo total a la huelga general en Francia del 5 de diciembre de 2019 contra los planes de Macron para minar el sistema público de pensiones. En él, esa coordinadora estatal  decía con energía: «Ha llegado el momento de unir nuestros gritos en una sola voz y luchar juntos y juntas contra los continuos ataques y abusos que venimos padeciendo en todos nuestros sistemas públicos». Y terminaba sentenciando: «Un cambio social nunca ha sido conquistado sin una revolución. Y ahora, ha llegado el momento de la revolución pensionista, ha llegado nuestro momento. Esperamos que esto solo sea el principio y poder desatar una cadena de apoyos que traspase las fronteras de todo el mundo, haciéndose cada vez más fuerte y sólida».

Concentración en apoyo a la Huelga. Madrid.

Pues bien, solo un mes después, la COESPE difundía un nuevo comunicado, esta vez para pronunciarse sobre la huelga general en el País Vasco y Navarra del 30 de enero, titulado, ahí es nada, “Posicionamiento ante una convocatoria ajena a la defensa de las pensiones públicas”. En este escrito, enfatizaba: «El llamamiento a la huelga general del 30 de enero en Euskadi y Navarra no se corresponde con nuestros objetivos y principios. Ha sido promovida de forma unilateral, sin tener el apoyo de la mayoría de las asociaciones de pensionistas de esos territorios. Responde a los intereses del soberanismo que reclama un sistema propio de pensiones en un marco autónomo de relaciones laborales. La convocan ELA y LAB, sindicatos que negocian en las instituciones y empresas vascas la EPSV de empleo que compite con las pensiones públicas. Es una proclama partidista, que favorece los intereses políticos de EH Bildu». Por todo ello, sentenciaba: «La COESPE no participará en esa convocatoria de huelga general, por no ser de ámbito estatal».

En otras palabras, la COESPE se muestra muy contundente, y sin reservas, a la hora de apoyar huelgas generales en defensa de las pensiones… siempre que sean en otro país. Y parece que la «revolución pensionista» de la que habla no tiene recorrido en el nuestro.

Solidaridad con la huelga

En otras comunidades hubo movilizaciones el mismo día 30 de enero en solidaridad con la huelga general en el País Vasco y Navarra, entre ellas en Madrid, Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Asturias y Extremadura.

En Madrid, más de veinte plataformas de pensionistas, organizaciones sindicales, grupos políticos y asociaciones juveniles, entre las que se encontraba el Colectivo de Pensionistas de CNT Aranjuez, convocamos una concentración en la plaza del Museo Reina Sofía. En el transcurso de este acto, cada colectivo dispuso de unos minutos para transmitir sus mensajes a las decenas de personas reunidas en la plaza. Dos días antes, frente al Congreso, habíamos celebrado una rueda de prensa para informar de esa iniciativa de apoyo a la huelga, a la que solo acudió Iñaki Ruiz de Pinedo, diputado de EH Bildu.  

Una hora después de esa concentración, muy cerca de allí, en la calle de Atocha, partió una manifestación, que concluyó en Sol, en apoyo también a la huelga general del País Vasco y Navarra. Una movilización impulsada por el Bloque Combativo y de Clase (en el que se integran AST, CSC, Plataforma Sindical de la EMT, SAS, Solidaridad Obrera y CNT) y que encabezaba una pancarta con el lema “Pensiones públicas. No al Pacto de Toledo”, que congregó a cerca de 200 personas. Como se afirmaba en la octavilla que animaba a participar en la manifestación, «la lucha por la pensiones dignas no es una lucha de las personas mayores, es nuestra lucha, la de toda una clase social, porque ahora nos quieren arrebatar y negar cualquier derecho, incluido el modesto ingreso por el esfuerzo de toda una vida».

Antes de concluir la jornada de huelga, CNT subrayó, en un comunicado, que la lucha por la dignidad no puede ni debe terminar el día 30 de enero ni reducirse a un día de movilización, «como lo está demostrando la marea pensionista, que lleva dos años en las calles». Y llamaba a mantener y extender la campaña de movilizaciones por trabajo, pensiones y vida digna, al tiempo que advertía de que la concertación y el diálogo social «no son más que falsas recetas de quienes buscan evitar, a toda costa, que nada cambie».

Del mismo modo, CNT destacaba el carácter autónomo y transversal del movimiento de pensionistas, «sin banderas ni partidos detrás». Por último, lamentaba el papel que han mantenido hasta ahora CCOO y UGT, a los cuales ha pedido que digan públicamente de qué lado están. Y, sobre todo, CNT les pide a esos dos sindicatos que «dejen de lanzar mentiras para camuflar sus vergüenzas».           

AlTajo nº17 febrero de 2020

Presentación

El SOV de CNT Aranjuez ha impulsado diversas actividades durante el pasado mes de enero. Así, hemos salido a la plaza del Ayuntamiento con una mesa informativa sobre la pobreza energética o hemos creado un piquete en las puertas de la empresa Leroy Merlin por el despido de un compañero en Salamanca, además de plantar de nuevo árboles para la mejora del entorno urbano.

Un mes del que nos despedimos con una conferencia-debate sobre la ideología fascista, «El pueblo reaccionario», muy oportuna en los tiempos que corren, celebrada en el centro cultural Isabel de Farnesio y organizada conjuntamente con el Foro por la Recuperación de la Memoria Histórica Las Vegas. En ella intervinieron Ángel Descalzo, que habló sobre la irracionalidad del fascismo, y Roberto Prada, que se centró en el sujeto fascista.

Y en este mes de febrero, a la vista hay ya dos nuevos actos programados. El día 5, en nuestro videoforum, seguiremos recuperando la memoria histórica con el documental La batalla del Jarama y el debate posterior. Y el domingo 23, si el tiempo lo permite, saldremos al campo a plantar bellotas, la llamada bellotada.

En cuanto al contenido de este número 17 de AL TAJO, en sus primeras páginas incluimos una crónica de Silvestre, Nueva plantación en la zona de Las Aves. Una acción que se llevó a cabo el pasado 25 de enero.

Le sigue otra crónica, con el título Pensiones y trabajos para una vida digna, de Domingo M. A., que analiza el desarrollo de la huelga general del pasado 30 de enero en el País Vasco y Navarra.

Sobre el sexo de los ángeles y las constituciones sin ideología es el título del texto que ocupa las páginas siguientes, en el que su autor reflexiona sobre cuál es el trasfondo ideológico de la Constitución española de 1978.

A continuación, publicamos un texto titulado Noche y niebla, referido al 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, el último de los campos de exterminio nazis.

Después, en nuestra sección de libros, incluimos sendos comentarios sobre dos libros de reciente publicación: Recuerdos de un libertario andaluz, de Manuel Temblador, y Geografía de Abel Paz, de Fernando Casal y María Antonia Ferrer.

Y completamos este número con un poema en prosa de Katerina Gogu, ¿Pero no hay Estado?, traducido del griego y comentado por Yanis Merinakis.

El sistema de pensiones chileno: una estafa legal

El sistema de pensiones chileno: una estafa legal

Domingo M. A.

El pasado 27 de noviembre, el Colectivo de Pensionistas del SOV de la CNT de Aranjuez organizó, en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, una charla-debate con el título “El desmantelamiento de las pensiones públicas”. La charla tenía como propósito, por un lado, acercarnos a la realidad del modelo privado de pensiones en Chile; y, por otro, seguir reflexionando sobre el desmantelamiento del sistema público de pensiones en nuestro país, comenzado en 1985.

Para hablarnos de la situación social en Chile y del modelo de pensiones de capitalización individual de ese país, contamos con la participación de Pedro Jorquera, profesor de Historia y miembro de la red chilena No + AFP, que reivindica un sistema de pensiones público de reparto. Y tras él intervino Eduardo Jiménez, miembro del grupo de trabajo de pensiones y renta básica de la Asociación de ATTAC, quien centró su intervención en analizar diferentes parámetros del sistema de pensiones vigente en el Estado español, y su futuro.

Lo que sigue a continuación es un extracto de la intervención de Pedro Jorquera sobre ese modelo de pensiones impuesto en Chile hace más de tres décadas.

El estallido social en Chile 

Jorquera comenzó su intervención refiriéndose a la revuelta popular que vive Chile,  desde el 18 de octubre pasado, contra el capitalismo salvaje globalizado (neoliberalismo) y el Gobierno del millonario Sebastián Piñera.

Recordó que el pueblo chileno estalló gracias a una protesta de estudiantes de Secundaria contra la subida del precio del metro. A raíz de este hecho, la noche del viernes 18 de octubre comenzaron a aparecer varios focos de protestas y disturbios a lo largo del país, por lo cual el Gobierno de Piñera decretó el estado de emergencia  en las comunas del Gran Santiago, y toque de queda a partir de la noche del día 19.  Cuatro días después, el estado de emergencia había sido declarado en quince de las dieciséis capitales regionales. ​

Aunque la causa inmediata de este alzamiento popular fue el incremento de la tarifa del transporte público, existen causas más profundas: los bajos salarios, el alto costo de la vida, las miserables pensiones, los elevados precios de fármacos y tratamientos médicos, la pobreza, la desigualdad… Y el rechazo generalizado a toda la clase política, además del descrédito institucional acumulado durante los últimos años, incluyendo a la propia Constitución. Una Constitución promulgada en la época de Pinochet, y que no recoge derechos sociales para la población, sino solo los derechos de propiedad.

Según diferentes estudios, Chile es uno de los países con mayor desigualdad económica de Latinoamérica​ y entre los miembros de la OCDE​. A pesar de ser una de las economías más prósperas del continente, las políticas neoliberales establecidas durante la dictadura militar y mantenidas durante tres décadas desde el retorno a la «democracia» han generado gran disparidad en los ingresos. ​Según el informe Panorama Social de América Latina de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), «el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5 % de la riqueza en 2017, mientras que el 50 % de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1 % de la riqueza neta del país».

La desigualdad económica también ha provocado que el coste de la vida en Chile sea muy alto, por lo que un 60 % de la población no dispone de ingresos suficientes para cubrir sus gastos habituales, incluyendo los de educación o salud, que en otros países son gratuitos. En este sentido, Jorquera señala que el nivel de precios de los productos de consumo en Chile es similar al del Estado español; sin embargo, el nivel salarial en Chile es mucho más bajo. Para hacernos una idea, a partir de marzo de este año, el salario mínimo en Chile se ha establecido en 301.000 pesos (382 euros), por lo que, según datos de la Encuesta suplementaria de Ingresos, el 57% de las personas con empleo en Chile no ha podido sacar a sus familias de la pobreza.

Una de las demandas en las calles en estas semanas es el rechazo al actual modelo de pensiones  y el retorno a un sistema de pensiones públicas de reparto, dado que actual sistema de capitalización individual ha empobrecido tremendamente a las personas pensionistas.

​Jorquera explica que, transcurridos ya 40 días desde el comienzo del estallido social, el Gobierno chileno sigue ignorado las demandas de la población. Y que su única respuesta ha sido aplicar una política de brutal represión, de terror y de graves amenazas. Todo ello mediante una agenda de seguridad que, además de amedrentar al pueblo, solo busca garantizar la impunidad a las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Sobre Carabineros pesan graves denuncias por violaciones a los derechos humanos producidas en el marco de las manifestaciones de las últimas cinco semanas. Hasta finales de noviembre, más de 15.000 personas habían sido detenidas, de las cuales al menos 867 son niñas, niños y adolescentes. Se han atendido, por lo menos, a 11.500 personas heridas, más de 1.100 con lesiones moderadas o graves. Más de 200 personas han sufrido mutilaciones oculares (en algunos casos de los dos ojos). Además, hay en curso 499 demandas judiciales y denuncias por más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos sobre mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes.

A esto se suman 18 casos de personas que supuestamente murieron en incendios durante saqueos, pero que, como determinaron los forenses, realmente murieron atropellados por vehículos particulares o por otras causas. Algunos de estos cuerpos presentaban heridas de bala.

Toda esta implacable represión ha sido denunciada en informes emitidos, principalmente, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y organismos internacionales tales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

 Antecedentes de las AFP   

En la segunda parte de su intervención, este profesor de Historia pasó a analizar, a grandes rasgos, el modelo de capitalización individual de pensiones que se impuso en Chile en 1974, un año después del golpe de Estado de Augusto Pinochet.

Para ello, partió de los antecedentes del vigente modelo de pensiones en Chile, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Antes de este modelo, existía en Chile un sistema de cajas de previsión, en las cuales los trabajadores y trabajadoras cotizaban en función de la rama de la industria a la que pertenecían. Esas cajas funcionaban de acuerdo al sistema que se conoce como de reparto, y se basaba en descontar una aportación a los trabajadores y trabajadoras que pertenecían a la caja para así pagar la pensión de los jubilados y jubiladas de esa caja.

En el año 1968 existían en Chile cerca de 30 cajas de previsión, que operaban por medio de más de cientos de leyes del Gobierno. Cada año el Congreso despachaba distintas leyes para regular, establecer o fijar pensiones para grupos o personas en particular, o bien para fijarlas en el sistema en general. Pero este sistema de cajas favorecía el clientelismo político, y así, los grupos con mayor capacidad de presionar lograban mejores beneficios. ​

Ya en la década de los ochenta, en plena dictadura de Pinochet, y a costa de la violenta represión por parte de las Fuerzas Armadas, la derecha y los empresarios, en Chile comenzó una ola de privatizaciones, con el fin de facilitar a la clase empresarial y sus políticos convertir cualquier derecho fundamental en un negocio. Las pensiones, los ahorros de años de trabajo y la seguridad en el momento de la jubilación pasaron a transformarse en millonarias ganancias para entidades privadas.

Fue a finales del año 1980 cuando José Piñera (hermano del actual presidente, Sebastián Piñera), creador también del antiobrero Plan Laboral, impulsó un nuevo modelo para administrar las pensiones y ahorros de miles de personas, a través del Decreto Ley 3.500, llamado Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales pasarían a estar en manos de empresas privadas, bajo una lógica de capitalización individual.

Desde el 31 de diciembre de 1982 hasta la fecha, las AFP pasaron a ser el único sistema de previsión social para todas las personas que se iban incorporando al mundo laboral. Pero ese modelo no se aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes poseen sistemas de pensiones y cotizaciones basados en la modalidad de reparto, en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) y en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA).

Un fabuloso negocio

En este sistema de ahorro y capitalización individual, el dinero acumulado durante la vida laboral es transferido a las AFP. Cada persona está obligada por ley a cotizar en una de las seis administradoras existentes (un auténtico oligopolio). A cada trabajador o trabajadora le pertenece su ahorro previsional y recae en ellos la responsabilidad de preocuparse por su pensión, sin perjuicio de que el Estado garantice pensiones mínimas. El «pilar solidario», mecanismo estatal impulsado en el segundo Gobierno de Michelle Bachellet, permitió que el 60% de los pensionados más vulnerables obtuviesen una ayuda económica; no obstante, este monto está por debajo del salario mínimo. Cada AFP administra cinco fondos (A, B, C, D y E), que se dividen de acuerdo al perfil de riesgo que tenga el o la cotizante.

En Chile cada persona tiene que ahorrar el 10% de su salario. Este ahorro es nominal. En caso de fallecimiento, el dinero aportado es heredable y toda la rentabilidad que gane ese fondo es del o de la titular del fondo. Las AFP, por hacer ese trabajo, cobran una comisión (1,27% en promedio) de ese salario mensual.

De esta manera, alrededor de 27.600 millones de pesos (35 millones de euros, tomando como base el salario mínimo establecido) pasan, cada mes, a las manos de empresas privadas, las que administran a su antojo los ahorros de años de trabajo. Entre las empresas que más se benefician a costa de los bolsillos de los trabajadores se encuentran IPSA (Cencosud, Endesa, Latam, Enersis, Falabella, Colbún, Copec, Soquimich, AES Gener, CMPC) y 10 bancos, entre ellos el BBVA y el Santander.

Pero eso no es todo. Las AFP no sólo «administran» el dinero de miles de personas, sino que lo utilizan para invertir y obtener ganancias aún más millonarias. Las AFP invierten el dinero de los trabajadores en los bancos, por ejemplo, en depósitos a plazo, cuyas tasas de interés fluctúan entre 4% y 4,5% anual. A su vez, estos mismos bancos prestan ese dinero a los trabajadores por medio de créditos de consumo, a tasas anuales de 25%. Un negocio redondo.

Como indica la Fundación Sol, las AFP son bancos encubiertos de los empresarios más ricos de Chile y de algunas trasnacionales, que utilizan los fondos previsionales para que estos puedan expandir sus inversiones y concentrar aún más el capital  en pocas manos. Constituyen verdaderos monopolios en diversos sectores económicos  administrados por algunas  «familias», como, entre otras, Familia Lucsik (Banco Chile, Mineras), Paulmann (Jumbo, Supermercados entre otros), Familia Solari (Falabella, cadenas de supermercadsos), Grupo Angelini (Copec, forestal arauco entre otros) y Familia Matte (Hidroaysén).

Por otra parte, las AFP, para mantener su legitimación y no ser cuestionadas en su actividad usurera, suelen captar para sus intereses a personalidades del mundo político y autoridades de gobierno, de cualquier tendencia  política, con tal de mantener su monopolio en el actual sistema de pensiones.

Aunque existe una Superintendencia de Pensiones, un organismo fiscalizador de carácter público, lo que suele ocurrir cuando los superintendentes cesan en sus funciones es que pasan a trabajar, directa o indirectamente, en las AFP o empresas relacionadas con ellas, recibiendo suculentos salarios o dietas, lo cual socava el poder fiscalizador de ese organismo.

Otro datos que aporta el colectivo No + AFP son que el 90% de las pensiones que pagan las AFP tienen un monto inferior al 64% del salario mínimo. O que ese 90% de los pensionistas con pensión programada recibe pensiones inferiores de 144.000 pesos (183 euros), mientras que el promedio de las ganancias diarias de las AFP es de un millón de pesos (1.270 euros). En este sentido, las precarias jubilaciones empeoran cuando se trata de las mujeres trabajadoras, ya que un 93% de ellas recibe menos de 147.000 pesos (187 euros), mientras que el 87% de los hombres gana esa cantidad.

De acuerdo a un informe, de marzo de este año, de la Superintendencia de Pensiones de Chile, las pensiones pagadas en ese mes fueron de 259.000 pesos chilenos (288 euros) de media, con una gran diferencia entre hombres y mujeres: 320.000 pesos (355 euros) en el caso de los hombres, y 192.000 pesos (213 euros) en el caso de las mujeres.

Un modelo fracasado

Como no podía ser de otra manera, con este modelo de pensiones depredador, el nivel de vida de los chilenos y las chilenas, al llegar a la vejez, se ha deteriorado sustancialmente, dado que se jubilan, gracias a las AFP, con una pensión que es la tercera parte de lo que hoy ganan. Este modelo de fondos privados, además, se ha saldado con un rotundo fracaso en varios países europeos donde se ha exportado, como es el caso de Polonia, y en otros países americanos. Entre estos últimos, Argentina es el ejemplo más conocido.  

Frente al modelo chileno, en la totalidad de los países desarrollados y en la mayoría de los países afiliados a la OCDE existen los sistemas públicos de pensiones, donde las jubilaciones, por lo general, alcanzan un promedio del  70% de los ingresos obtenidos durante la etapa laboral y los sistemas privados de pensiones son complementarios al público y en ningún caso lo sustituyen.

Así las cosas, No + AFP considera que el pueblo chileno debe continuar la movilización en las calles unido y coordinado. Solo así se podrán frenar los planes del Gobierno y, entre otras reivindicaciones, lograr detener los despidos y mejorar las condiciones laborales de la población trabajadora, o acabar con los incrementos de precios. Solo así se podrá conseguir unas pensiones y salarios suficientes para hacer frente al coste de la canasta familiar, estimada en 450.000 pesos (572 euros) mensuales. Y, sobre todo, esa es la única vía para «conquistar un sistema de pensiones de reparto solidario, que ha de ser tripartito y gestionado por trabajadores y personas jubiladas».

ALTAJO: ORGANO DE EXPRESIÓN DE LA CNT Y LA FAL DE ARANJUEZ; Nº9 – MAYO 2019

Altajo: Organo de Expresión de la CNT y la FAL de Aranjuez; nº8 – Abril 2019

Puedes descargarlo en el siguiente enlace:

Aranjuez por unas pensiones dignas

El pasado lunes 21 de mayo cientos de manifestantes, mayormente pensionistas, se han concentrado en el ayuntamiento de Aranjuez para reivindicar unas pensiones dignas. El acto convocado por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones y por el colectivo de pensiones Lunes al Sol, perteneciente a la misma coordinadora, suman un acto más a la apretada agenda de lucha. En nuestra localidad el colectivo de pensionistas participa de reuniones y actividades todas las semanas, a la vez que está coordinado a nivel estatal.

La gente que llegaba a la plaza abrazaron con ganas la sombra de la periferia huyendo del aplastante sol, pero no por esas parecía a la vista poca asistencia, sino todo lo contrario. Se pudo apreciar un nutrido círculo de manifestantes rodeando el acto con ganas de expresarse y portando pancartas en alusión a unas pensiones dignas. Al inicio del acto cantaron la famosa canción combativa “a la Huelga” adaptada a estas reivindicaciones y con ánimos y vítores fueron dando paso a ponentes y a la lectura de comunicados. Lxs compañerxs de “Lunes al sol” y una representación de jóvenes de distintos colectivos abrieron el acto con sendos comunicados. A continuación dieron sensatos postulados lxs portavoces de la coordinadora estatal Celia Téllez y Fernando de la Prida.

El objetivo de este acto era defender el derecho a las prestaciones para alcanzar unas coberturas mínimamente dignas. Hay que considerar que estas pretensiones forman parte de los derechos históricos de la clase trabajadora y también de su entorno, y precisamente por eso son tan importantes como vulnerables. El actual Sistema Público de Pensiones está continuamente atacado por las sucesivas reformas legislativas. Miembros de CNT- Aranjuez también están participando en esta lucha, porque son medidas lesivas tanto por los gobiernos de un signo como del otro. Por más que se haga creer que se trata de un problema parlamentario, en realidad es un problema de calado social. Estamos convencidos de que en el espectro político no se dan las condiciones, ni siquiera con los llamados gobiernos del cambio, puesto que la clase política se debe a las instituciones capitalistas y éstas a su vez son garantes de la Banca y de las aseguradoras. Unas pensiones dignas, como señalan las pancartas, vienen dadas por un sistema de reparto equitativo. Por esa razón el actual Pacto de Toledo con los partidos y sindicatos mayoritarios no están por labrar dicho camino.

Desde este sindicato animamos a que se continúe como hasta ahora con el asamblearismo, cuyas movilizaciones están alcanzando gratos resultados y a recordar que el conjunto de afectados es global, porque están en juego las futuras pensiones. Además apelamos a la conciencia para no dejarnos engatusar por cantos de sirenas, ahora que vienen las elecciones, y no bajar la guardia con aquellas organizaciones sindicales que quieren cortocircuitar esta lucha.

Secretaría de acción Social de CNT- Aranjuez

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