Category Archives: Política

Ni izquierda ni derecha: tecnocracia

Ni izquierda ni derecha: tecnocracia

El 4 de junio pasado, en Antena 3, Albert Rivera, tras asegurar que «Vox tendría que decidir si permiten que Ciudadanos y el PP gobiernen o lo haga la izquierda», no veía contradicción en aseverar también que «lo de la izquierda y la derecha» le parecía «obsoleto» y «le importaba un bledo». Aún más, ante Fórum Europa, en enero de 2018, y presentado por Eduardo Serra, el que fuera ministro con Felipe González y con José María Aznar y hoy presidente del lobby empresarial de las grandes operadoras de telecomunicaciones, Rivera proclamó que el eje izquierda-derecha «ya no existe». Como “liberal”, se negaba a pensar que las preguntas del siglo XXI se respondan con dogmas que «nos mantienen atrapados en el pasado». Y pidió, sin que sus palabras le pareciesen paradójicas, «un proyecto nacional, no de partido» que diera «la batalla al nacionalismo» (Infolibre, 24 de enero de 2018). Para ABC (18 de mayo de 2018), «desde esta formación política […] se zanja el debate así: “Ni de izquierdas ni de derechas, Ciudadanos es transversal”». 

Pablo Iglesias también deseó un «movimiento transversal» y, por ello, defendió ocupar «la centralidad [cuyo significado consideró distinto al del “centro”] del tablero» y rechazaba las reglas del juego de quienes proponen «que nos movamos en ese eje de izquierda-derecha». La misma intención equidistante que manifestó Adolfo Suárez al fundar la UCD. Poniendo esta formación de ejemplo, el filósofo Gustavo Bueno, en El mito de la derecha: ¿qué significa ser de derechas en la España actual? (2008), entendió el “centro” como «resultado de la neutralización de corrientes extremas». «La no ideología» no tuvo el resultado esperado, «por lo que […] empezó a definirse de izquierdas […]». De esta forma, en andalucesdiario.es declaró […]: «Lo que yo digo es que lo que estamos diciendo no es de derechas ni de izquierdas […]. Nosotros es evidente que somos de izquierdas» (elplural.com, 29 de noviembre de 2014).   

Para Basilio Moreno (“Ni de izquierdas ni de derechas: ¿Entonces qué?” camaracivica.com, 2015), en Europa, “izquierda” y “derecha” seguirían siendo referentes para la mayoría de los votantes, porque estas señas de identidad aportarían información sobre lo que se espera del partido. Sin embargo, «últimamente ciertos partidos se han mostrado reacios a entrar en esta batalla ideológica tradicional entre los valores de izquierda y derecha. El Movimento Cinque Stelle (M5S) en Italia o  Podemos en España son algunos ejemplos de ello». Para Moreno, «las etiquetas ideológicas clásicas de izquierda y derecha» estarían «vinculadas principalmente al papel que el Estado debe desempeñar en la economía».

Más allá de la izquierda y la derecha

En ese sentido, el sociólogo Anthony Giddens, autor de Más allá de la izquierda y la derecha: el futuro de las políticas radicales (1994), creyó que, tras la caída del Muro, se abría un nuevo escenario sin lucha de clases y de gestión del Estado donde “liberal” y “social” fueran calificativos compatibles. Abrió así un dilema todavía vivo sobre cuál sería la genuina diferencia entre una “socialdemocracia” despojada del marxismo y del keynesianismo y un “social-liberalismo” que renunciaría al laissez faire.

Keynes había sido cuestionado por las crisis inflacionistas del petróleo de 1973 y 1979 y por la “revolución conservadora” de Margaret Thatcher (1979-90) y Ronald Reagan (1981-89), quienes «promovieron […] bajos impuestos, reducciones del gasto social, todo el poder al mercado, máxima libertad para la iniciativa privada y constantes restricciones a la actividad del sector público» (El País, 8 de abril de 2013).

En 1981 François Miterrand ganó las elecciones en Francia y el Partido Socialista procedió a “reconvertir” o cerrar minas, como ya lo hiciera Thatcher en Gran Bretaña, provocando una protesta y una frustración social que llevó a muchos franceses, defraudados con el “socialismo”, a refugiarse en un nacionalismo que, equiparando las causas de sus problemas, recogía “agraviados” de distintas clases sociales. Es en este contexto cuando el Frente Nacional de Le Pen saltó del 0,2 % de los votos (1976-1981) al 9,8% (1986), escalando hasta el 13,2% en las elecciones de 2017. Una minoría “suficiente” para ser tenida en cuenta por las formaciones que compiten por las mismas bases sociales.

Cuando Felipe González ganó las elecciones en 1982 con el lema “Por el cambio”, influido por el modelo económico de la socialdemocracia francesa, procedió a poner en marcha su propia “reconversión industrial” (1985).

Giddens, ante la crisis de una socialdemocracia que acercaba posturas económicas a los conservadores, convirtiendo el liberalismo en el “centro” político de las sociedades capitalistas, en lugar de proponer una significativa alternativa al modelo neoconservador de Thatcher, formuló una nueva especie política en su libro La tercera vía: la renovación de la socialdemocracia (1998). Como asesor de Tony Blair, primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007, que deseaba consolidar las tendencias “liberales” en el Partido Laborista británico, y, para ello, buscó en la Condición de Samuelson, un sustituto a la identidad económica que les había ofrecido la Teoría de las Demandas Agregadas de Keynes hasta el momento. Un distingo, aunque liberal, frente al liberalismo “conservador”, pues sin distingo solo existiría una única oferta electoral.

La influencia de Giddens como asesor de Blair llevó a que éste bautizara su programa político, ya antes de la publicación del libro del sociólogo, como “the third way” [la tercera vía]. Ambos sentaron las bases de un pensamiento que permitió colaborar, sin contradicciones aparentes, con el “liberalismo conservador” del espectro político. Aznar y Blair coincidieron hasta el punto de formar con George W. Bush “el trío de las Azores” para la guerra de Irak. Gerhard Schröder, canciller alemán del SPD entre 1998 y 2005, imitó el procedimiento.

Norberto Bobbio (Derecha e izquierda, 1994), sobre esto, sostiene: «Entre el blanco y el negro puede estar el gris; entre el día y la noche está el crepúsculo. Pero el gris no reduce en lo más mínimo la diferencia entre el blanco y el negro, ni el crepúsculo la diferencia entre la noche y el día […]. No afecta en absoluto a la antítesis original, puesto que, al contrario, el centro, definiéndose ni de derecha ni de izquierda y no pudiéndose definir de otra manera, la presupone y extrae de su existencia la propia razón de ser […]. En la práctica, una política de tercera vía es una política de centro, pero idealmente ésta se plantea no como una forma de compromiso entre dos extremos, sino como una superación contemporánea del uno y del otro y, por lo tanto, como una simultánea aceptación y supresión de estos».

La disputa por el centro

En esta línea, en 2007, el año que comenzó la crisis, Rosa Díez, tras abandonar el PSOE, anunció la creación de UPyD, un partido “social y liberal”, señalando que su formación no era «ni de derechas ni de izquierdas». Y, en 2011, el año del 15M, Zapatero, quien, tiempo atrás, calificó su programa de «socialismo libertario» (El País, 20 de marzo de 2004), aseguró en el debate sobre el estado de la nación que su gestión no había sido «ni de izquierda ni de derechas». Aquel año, Mariano Rajoy, con el lema “Súmate al cambio”, y con un récord de 186 escaños, ganó unas elecciones que Zapatero, encendiendo las suspicacias, convocó para un 20N. Desde entonces comenzó una caída de votos tanto para el PSOE como para el PP.

En el PP, algunos de sus “líderes de opinión”, y del partido, lo han achacado a la falta de una posición ideológica más clara y definida (“El PP entierra la tecnocracia de la era de Rajoy”, economiadigital.es, 19 de enero de 2019. “¿Un PP tecnócrata o liberal conservador?”, elespanol.com, 26 de junio de 2018), aunque otros, ante el fracaso de Casado, le culparon por su alejamiento del “centro”. Otro tanto podría decirse del péndulo ideológico que suele experimentar el PSOE.  

Para el filósofo Gustavo Bueno, «entre 1789 y 1989 […] la oposición derecha-izquierda comenzará a utilizarse como una oposición dualista (metafísica, mítica) entre las dos mitades o hemisferios que se suponen constitutivos dialécticamente del sistema de referencia, por ejemplo España […]. La derecha [se habría constituido] como reacción del Antiguo Régimen ante los ataques de las izquierdas», y se habría enfrentado «a la primera izquierda jacobina (a Napoleón)». (El mito de la derecha …). «En las Cortes de Cádiz no hay derecha e izquierda […]. Y, sin embargo, hay un dualismo, el Anticristo frente a los cristianos. Napoleón es el heredero de Voltaire, es el Anticristo […] liberal frente al integrista. El liberalismo es pecado de Pío IX» (entrevista en La Nueva España, 19 de octubre de 2008). Esto, según expone en su libro, habría supuesto una «contradicción entre la Guerra de la Independencia y la Revolución española. Dios o el género humano como fuentes del poder político soberano» y la posterior «transformación de la izquierda liberal española en derecha tradicional» y en «derecha liberal».

Para Bueno, como declaró en la citada entrevista, «el viejo mito de la izquierda y de la derecha, del bien y del mal, de la luz y de la oscuridad, de Cristo y del Anticristo se resucitó frente a Aznar. El dualismo maniqueo lo entiende la gente en seguida y es peligrosísimo». Pero también afirmó: «El liberalismo […] tiene sentido político al proponer menos Estado […], una idea de Bluntschli, teórico de los partidos, traducido por Perojo a finales del XIX. Los partidos como parte de un todo que es el Estado. Están enfrentados entre sí, pero dentro del todo común e irrenunciable […]. La ley orgánica de 2002 dice que los partidos forman la voluntad nacional política y pertenecen a la arquitectura de la estructura del Estado».

La defensa del Estado, o “todo común” de los partidos, es el punto de encuentro que les permite aspirar al “centro” desde ambos lados del espectro político sin serias contradicciones. Y es la lucha por el “centro” lo que permite romper el techo de votos en una sociedad desclasada. Así, el PP y el PSOE suelen anunciarse como “centristas” sin renunciar a la coletilla de derecha o izquierda que les permite diversificar el voto –el riesgo, diría un empresario– y diferenciar la oferta electoral. 

Desde el año 2011, la designación de Gobiernos tecnócratas en Europa intensificó la apelación al “centrismo” como una forma de legitimarlos, puesto que tampoco se reconocen ni de “izquierda” ni de “derecha”. Pero, a partir de las elecciones de 2015, cuando pareció materializarse el derrumbe del bipartidismo en nuestro país, por un lado, líderes de un mismo partido ofrecieron indistintamente discursos de “centro” o de “izquierda” y “derecha” según el caso; y, por otro lado, como en la farsa del poli malo y el poli bueno, algunos partidos se han acercado electoralmente ofreciendo mensajes diferentes para diferentes votantes, lo que les permite, usando un símil empresarial, «discriminar precios», pues cada formación podrá alegar que no defiende lo que no sea aceptable para sus votantes, mientras pactan con quien sí lo hace. Estas maniobras, junto a los falsos debates de identidad, niegan la cuestión de la verdadera pluralidad de la oferta electoral y ocultan la realidad de las necesidades y mentalidades existentes en la sociedad, que son ignoradas si no tienen proyección para el Estado.

El sistema de pensiones chileno: una estafa legal

El sistema de pensiones chileno: una estafa legal

Domingo M. A.

El pasado 27 de noviembre, el Colectivo de Pensionistas del SOV de la CNT de Aranjuez organizó, en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, una charla-debate con el título “El desmantelamiento de las pensiones públicas”. La charla tenía como propósito, por un lado, acercarnos a la realidad del modelo privado de pensiones en Chile; y, por otro, seguir reflexionando sobre el desmantelamiento del sistema público de pensiones en nuestro país, comenzado en 1985.

Para hablarnos de la situación social en Chile y del modelo de pensiones de capitalización individual de ese país, contamos con la participación de Pedro Jorquera, profesor de Historia y miembro de la red chilena No + AFP, que reivindica un sistema de pensiones público de reparto. Y tras él intervino Eduardo Jiménez, miembro del grupo de trabajo de pensiones y renta básica de la Asociación de ATTAC, quien centró su intervención en analizar diferentes parámetros del sistema de pensiones vigente en el Estado español, y su futuro.

Lo que sigue a continuación es un extracto de la intervención de Pedro Jorquera sobre ese modelo de pensiones impuesto en Chile hace más de tres décadas.

El estallido social en Chile 

Jorquera comenzó su intervención refiriéndose a la revuelta popular que vive Chile,  desde el 18 de octubre pasado, contra el capitalismo salvaje globalizado (neoliberalismo) y el Gobierno del millonario Sebastián Piñera.

Recordó que el pueblo chileno estalló gracias a una protesta de estudiantes de Secundaria contra la subida del precio del metro. A raíz de este hecho, la noche del viernes 18 de octubre comenzaron a aparecer varios focos de protestas y disturbios a lo largo del país, por lo cual el Gobierno de Piñera decretó el estado de emergencia  en las comunas del Gran Santiago, y toque de queda a partir de la noche del día 19.  Cuatro días después, el estado de emergencia había sido declarado en quince de las dieciséis capitales regionales. ​

Aunque la causa inmediata de este alzamiento popular fue el incremento de la tarifa del transporte público, existen causas más profundas: los bajos salarios, el alto costo de la vida, las miserables pensiones, los elevados precios de fármacos y tratamientos médicos, la pobreza, la desigualdad… Y el rechazo generalizado a toda la clase política, además del descrédito institucional acumulado durante los últimos años, incluyendo a la propia Constitución. Una Constitución promulgada en la época de Pinochet, y que no recoge derechos sociales para la población, sino solo los derechos de propiedad.

Según diferentes estudios, Chile es uno de los países con mayor desigualdad económica de Latinoamérica​ y entre los miembros de la OCDE​. A pesar de ser una de las economías más prósperas del continente, las políticas neoliberales establecidas durante la dictadura militar y mantenidas durante tres décadas desde el retorno a la «democracia» han generado gran disparidad en los ingresos. ​Según el informe Panorama Social de América Latina de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), «el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5 % de la riqueza en 2017, mientras que el 50 % de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1 % de la riqueza neta del país».

La desigualdad económica también ha provocado que el coste de la vida en Chile sea muy alto, por lo que un 60 % de la población no dispone de ingresos suficientes para cubrir sus gastos habituales, incluyendo los de educación o salud, que en otros países son gratuitos. En este sentido, Jorquera señala que el nivel de precios de los productos de consumo en Chile es similar al del Estado español; sin embargo, el nivel salarial en Chile es mucho más bajo. Para hacernos una idea, a partir de marzo de este año, el salario mínimo en Chile se ha establecido en 301.000 pesos (382 euros), por lo que, según datos de la Encuesta suplementaria de Ingresos, el 57% de las personas con empleo en Chile no ha podido sacar a sus familias de la pobreza.

Una de las demandas en las calles en estas semanas es el rechazo al actual modelo de pensiones  y el retorno a un sistema de pensiones públicas de reparto, dado que actual sistema de capitalización individual ha empobrecido tremendamente a las personas pensionistas.

​Jorquera explica que, transcurridos ya 40 días desde el comienzo del estallido social, el Gobierno chileno sigue ignorado las demandas de la población. Y que su única respuesta ha sido aplicar una política de brutal represión, de terror y de graves amenazas. Todo ello mediante una agenda de seguridad que, además de amedrentar al pueblo, solo busca garantizar la impunidad a las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Sobre Carabineros pesan graves denuncias por violaciones a los derechos humanos producidas en el marco de las manifestaciones de las últimas cinco semanas. Hasta finales de noviembre, más de 15.000 personas habían sido detenidas, de las cuales al menos 867 son niñas, niños y adolescentes. Se han atendido, por lo menos, a 11.500 personas heridas, más de 1.100 con lesiones moderadas o graves. Más de 200 personas han sufrido mutilaciones oculares (en algunos casos de los dos ojos). Además, hay en curso 499 demandas judiciales y denuncias por más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos sobre mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes.

A esto se suman 18 casos de personas que supuestamente murieron en incendios durante saqueos, pero que, como determinaron los forenses, realmente murieron atropellados por vehículos particulares o por otras causas. Algunos de estos cuerpos presentaban heridas de bala.

Toda esta implacable represión ha sido denunciada en informes emitidos, principalmente, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y organismos internacionales tales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

 Antecedentes de las AFP   

En la segunda parte de su intervención, este profesor de Historia pasó a analizar, a grandes rasgos, el modelo de capitalización individual de pensiones que se impuso en Chile en 1974, un año después del golpe de Estado de Augusto Pinochet.

Para ello, partió de los antecedentes del vigente modelo de pensiones en Chile, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Antes de este modelo, existía en Chile un sistema de cajas de previsión, en las cuales los trabajadores y trabajadoras cotizaban en función de la rama de la industria a la que pertenecían. Esas cajas funcionaban de acuerdo al sistema que se conoce como de reparto, y se basaba en descontar una aportación a los trabajadores y trabajadoras que pertenecían a la caja para así pagar la pensión de los jubilados y jubiladas de esa caja.

En el año 1968 existían en Chile cerca de 30 cajas de previsión, que operaban por medio de más de cientos de leyes del Gobierno. Cada año el Congreso despachaba distintas leyes para regular, establecer o fijar pensiones para grupos o personas en particular, o bien para fijarlas en el sistema en general. Pero este sistema de cajas favorecía el clientelismo político, y así, los grupos con mayor capacidad de presionar lograban mejores beneficios. ​

Ya en la década de los ochenta, en plena dictadura de Pinochet, y a costa de la violenta represión por parte de las Fuerzas Armadas, la derecha y los empresarios, en Chile comenzó una ola de privatizaciones, con el fin de facilitar a la clase empresarial y sus políticos convertir cualquier derecho fundamental en un negocio. Las pensiones, los ahorros de años de trabajo y la seguridad en el momento de la jubilación pasaron a transformarse en millonarias ganancias para entidades privadas.

Fue a finales del año 1980 cuando José Piñera (hermano del actual presidente, Sebastián Piñera), creador también del antiobrero Plan Laboral, impulsó un nuevo modelo para administrar las pensiones y ahorros de miles de personas, a través del Decreto Ley 3.500, llamado Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales pasarían a estar en manos de empresas privadas, bajo una lógica de capitalización individual.

Desde el 31 de diciembre de 1982 hasta la fecha, las AFP pasaron a ser el único sistema de previsión social para todas las personas que se iban incorporando al mundo laboral. Pero ese modelo no se aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes poseen sistemas de pensiones y cotizaciones basados en la modalidad de reparto, en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) y en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA).

Un fabuloso negocio

En este sistema de ahorro y capitalización individual, el dinero acumulado durante la vida laboral es transferido a las AFP. Cada persona está obligada por ley a cotizar en una de las seis administradoras existentes (un auténtico oligopolio). A cada trabajador o trabajadora le pertenece su ahorro previsional y recae en ellos la responsabilidad de preocuparse por su pensión, sin perjuicio de que el Estado garantice pensiones mínimas. El «pilar solidario», mecanismo estatal impulsado en el segundo Gobierno de Michelle Bachellet, permitió que el 60% de los pensionados más vulnerables obtuviesen una ayuda económica; no obstante, este monto está por debajo del salario mínimo. Cada AFP administra cinco fondos (A, B, C, D y E), que se dividen de acuerdo al perfil de riesgo que tenga el o la cotizante.

En Chile cada persona tiene que ahorrar el 10% de su salario. Este ahorro es nominal. En caso de fallecimiento, el dinero aportado es heredable y toda la rentabilidad que gane ese fondo es del o de la titular del fondo. Las AFP, por hacer ese trabajo, cobran una comisión (1,27% en promedio) de ese salario mensual.

De esta manera, alrededor de 27.600 millones de pesos (35 millones de euros, tomando como base el salario mínimo establecido) pasan, cada mes, a las manos de empresas privadas, las que administran a su antojo los ahorros de años de trabajo. Entre las empresas que más se benefician a costa de los bolsillos de los trabajadores se encuentran IPSA (Cencosud, Endesa, Latam, Enersis, Falabella, Colbún, Copec, Soquimich, AES Gener, CMPC) y 10 bancos, entre ellos el BBVA y el Santander.

Pero eso no es todo. Las AFP no sólo «administran» el dinero de miles de personas, sino que lo utilizan para invertir y obtener ganancias aún más millonarias. Las AFP invierten el dinero de los trabajadores en los bancos, por ejemplo, en depósitos a plazo, cuyas tasas de interés fluctúan entre 4% y 4,5% anual. A su vez, estos mismos bancos prestan ese dinero a los trabajadores por medio de créditos de consumo, a tasas anuales de 25%. Un negocio redondo.

Como indica la Fundación Sol, las AFP son bancos encubiertos de los empresarios más ricos de Chile y de algunas trasnacionales, que utilizan los fondos previsionales para que estos puedan expandir sus inversiones y concentrar aún más el capital  en pocas manos. Constituyen verdaderos monopolios en diversos sectores económicos  administrados por algunas  «familias», como, entre otras, Familia Lucsik (Banco Chile, Mineras), Paulmann (Jumbo, Supermercados entre otros), Familia Solari (Falabella, cadenas de supermercadsos), Grupo Angelini (Copec, forestal arauco entre otros) y Familia Matte (Hidroaysén).

Por otra parte, las AFP, para mantener su legitimación y no ser cuestionadas en su actividad usurera, suelen captar para sus intereses a personalidades del mundo político y autoridades de gobierno, de cualquier tendencia  política, con tal de mantener su monopolio en el actual sistema de pensiones.

Aunque existe una Superintendencia de Pensiones, un organismo fiscalizador de carácter público, lo que suele ocurrir cuando los superintendentes cesan en sus funciones es que pasan a trabajar, directa o indirectamente, en las AFP o empresas relacionadas con ellas, recibiendo suculentos salarios o dietas, lo cual socava el poder fiscalizador de ese organismo.

Otro datos que aporta el colectivo No + AFP son que el 90% de las pensiones que pagan las AFP tienen un monto inferior al 64% del salario mínimo. O que ese 90% de los pensionistas con pensión programada recibe pensiones inferiores de 144.000 pesos (183 euros), mientras que el promedio de las ganancias diarias de las AFP es de un millón de pesos (1.270 euros). En este sentido, las precarias jubilaciones empeoran cuando se trata de las mujeres trabajadoras, ya que un 93% de ellas recibe menos de 147.000 pesos (187 euros), mientras que el 87% de los hombres gana esa cantidad.

De acuerdo a un informe, de marzo de este año, de la Superintendencia de Pensiones de Chile, las pensiones pagadas en ese mes fueron de 259.000 pesos chilenos (288 euros) de media, con una gran diferencia entre hombres y mujeres: 320.000 pesos (355 euros) en el caso de los hombres, y 192.000 pesos (213 euros) en el caso de las mujeres.

Un modelo fracasado

Como no podía ser de otra manera, con este modelo de pensiones depredador, el nivel de vida de los chilenos y las chilenas, al llegar a la vejez, se ha deteriorado sustancialmente, dado que se jubilan, gracias a las AFP, con una pensión que es la tercera parte de lo que hoy ganan. Este modelo de fondos privados, además, se ha saldado con un rotundo fracaso en varios países europeos donde se ha exportado, como es el caso de Polonia, y en otros países americanos. Entre estos últimos, Argentina es el ejemplo más conocido.  

Frente al modelo chileno, en la totalidad de los países desarrollados y en la mayoría de los países afiliados a la OCDE existen los sistemas públicos de pensiones, donde las jubilaciones, por lo general, alcanzan un promedio del  70% de los ingresos obtenidos durante la etapa laboral y los sistemas privados de pensiones son complementarios al público y en ningún caso lo sustituyen.

Así las cosas, No + AFP considera que el pueblo chileno debe continuar la movilización en las calles unido y coordinado. Solo así se podrán frenar los planes del Gobierno y, entre otras reivindicaciones, lograr detener los despidos y mejorar las condiciones laborales de la población trabajadora, o acabar con los incrementos de precios. Solo así se podrá conseguir unas pensiones y salarios suficientes para hacer frente al coste de la canasta familiar, estimada en 450.000 pesos (572 euros) mensuales. Y, sobre todo, esa es la única vía para «conquistar un sistema de pensiones de reparto solidario, que ha de ser tripartito y gestionado por trabajadores y personas jubiladas».

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