La paradoja de la equidistancia

La disputa por el nombre de las calles en la actualidad es una polémica que ya vivieron los primeros ayuntamientos democráticos. En 1977, por ejemplo, Falange (Auténtica) se oponía al cambio de nombre de la calle de José Antonio Primo de Rivera, de Bilbao, para no «abrir viejas heridas», como si considerasen que la dictadura fue un bálsamo y no la herida reciente. Y en Fuenlabrada, en 1979, el Gobierno civil intentó anular el acuerdo unánime del pleno sobre el cambio de nombre de las calles que homenajeaban a protagonistas de la dictadura. En las calles donde convivimos, el ágora donde la participación ciudadana adquiere carta de naturaleza, solo debería rendirse homenaje a las víctimas, que todos reclaman para sí, y no a los verdugos, en los que nadie se reconoce. 

Por su parte, el historiador Stanley G. Payne (¿Por qué la República perdió la Guerra?, 2010), aun reconociendo que en la zona republicana «es cierto que no fue planificada desde el Gobierno (…) puesto que no había una fuerza hegemónica única» y «en la zona nacional la represión fue controlada y dirigida en todo momento por los militares», defiende que «los apologistas de izquierda siempre han intentado establecer una distinción (…) la represión de la izquierda fue descentralizada, espontánea y asociada a organizaciones marginales» y «la represión de la derecha fue mucho más organizada, centralizada e implacable». Preguntado en una entrevista sobre esta ley, reconocía que «habría que distinguir entre los aspectos humanitarios y arqueológicos, y el aspecto político. Aquellos son deseables y justos; éste es un intento partidista de falsificar la Historia». 

La Ley de Memoria Histórica de 2007 no ha gustado a todos, y en muchos ayuntamientos su aplicación ha sido tímida, cuando no problemática, produciéndose algunos casos de deformación esperpéntica de la historia. El de Sevilla, por ejemplo, fue denunciado al sustituir el nombre de la calle de José María Osborne. Según Francisco Espinosa, la sentencia, que le daba la razón al denunciante, consideraba que, antes de aplicar la ley, habría que demostrar que la concesión de la calle se produjo por ser un instigador del golpe y no por otros motivos, como podrían ser en este caso las referencias asociadas al nombre en cuestión como «bodegas, vino, toros, etc.». Espinosa concluía, con sarcasmo, que se «podría recuperar el nombre de Franco en relación con sus actividades artísticas o cinegéticas».

La equidistancia mostrada por otros no es menos artificial. En 2006, antes de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia organizó el Congreso Internacional II República y Guerra Civil. Setenta años después, continuación del celebrado en 1999 por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Entre los motivos para celebrarlo que la prensa reseñó estaban «las nuevas tendencias de revisionismo histórico que parecen estar reviviéndose entre algunos sectores de la clase política». El padre Ángel David Martín se quejó de que «se habla de genocidio, de exterminio, como si fuera un debate que siempre estuviera abierto, y como si fuera sólo un bando el que hubiera sufrido». 

Un programa de terror y aniquilación

En ambos bandos, según Santos Juliá, coordinador de la obra Víctimas de la Guerra Civil (2005) hubo quien apoyó la violencia «como gran partera de la historia». Pero fue el bando nacionalista, según Paul Preston, el que diseñó un «programa de terror y aniquilación», que califica de «inversión en terror». En su obra El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra civil y después (2011) sostiene que los asesinatos del bando «nacional» buscaban aplicar un «terror ejemplar», del que ya tenían comprobada su eficacia en la guerra colonial. Con este, pretenderían «subyugar por medio de una violencia fulminante e intransigente» al adversario. Defiende que «por contraste, la represión en la zona republicana (…) se trató de una reacción espontánea y defensiva al golpe militar, que se intensificó a medida que los refugiados traían noticias de las atrocidades del Ejército y los bombardeos rebeldes».

Preston recoge las palabras del general Emilio Mola que hablaba de «sembrar el terror (…) eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros». En las instrucciones que Mola envió al general Yagüe, quien mandó la «columna de la muerte» que ejecutó la matanza de la plaza de toros de Badajoz, advertía: «El movimiento ha de ser (…) de una gran violencia». Y afirmaba: «La guerra tiene que terminar con el exterminio de los enemigos de España”. «Exterminio total y absoluto», le dijo a su secretario. Franco, por su parte, ante la pregunta del periodista Jay Allen «¿significa esto que tendrá que matar a media España?», respondió: «He dicho cueste lo que cueste». Esta «violencia institucionalizada» habría producido al menos 130.199 asesinatos, según Preston, y aproximadamente 150.000 según Julián Casanova, con los datos disponibles durante sus investigaciones.

El debate sobre la violencia «institucional» en la zona republicana se ha saldado desigualmente, pero solo ha aportado documentos de interpretación circunstancial y sembrado dudas plausibles sobre el caso de la matanza de Paracuellos, sin zanjar el asunto con pruebas explícitas, y sobre algún otro caso puntual. Sintomática es la crítica a César Vidal de Ian Gibson (en el prólogo a la segunda edición en 2005 de Paracuellos: cómo fue, 1983) y Ángel Viñas (El escudo de la República: el oro de España, la apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937, 2007) que «han señalado que una cita que incluye en Paracuellos-Katyn. Un ensayo sobre el genocidio de la izquierda (2005) (…) atribuida a la edición del 3 de noviembre de 1936 del diario madrileño La Voz (…) no existe»: «Hay que fusilar en Madrid a cien mil fascistas camuflados, unos en la retaguardia, otros en las cárceles. Que ni un quinta columna (sic) quede vivo para impedir que nos ataquen por la espalda. Hay que darles el tiro de gracia antes de que nos lo den ellos a nosotros».

Por último, no menos esclarecedor es el uso unánime por historiadores y propagandistas del término «checa», independientemente del origen del vocablo, para toda cárcel no institucional de partidos o sindicatos sólo en zona republicana. Se reconoce, así, toda prisión o campo de concentración en la zona franquista, de los que salían las sacas, como institucionales. 

Julio Gil Pecharromán, por su parte, ha sostenido: «En la práctica, la República fue desbordada al inicio de la guerra por la movilización popular y perdió el control del poder público». En esta línea, Preston, quien rechaza que se pueda hablar de una «historia de la equivalencia», asegura que la mayoría de las matanzas en la zona republicana se llevaron a cabo antes de terminar diciembre de 1936. En esta zona las condenas a los asesinatos, publicadas en la prensa, fueron inmediatas, e intentaron identificar los cadáveres que aparecían tras los «paseos» –eufemismo para referirse al secuestro cuya finalidad era el asesinato–.

En la zona «nacional», en cambio, la Administración protegió el anonimato de los asesinos, a pesar de que en lugares como Pamplona y Valladolid «las ejecuciones al amanecer atraían a multitudes (…), y con ellas surgían los puestecillos de chocolate caliente con churros», como asegura Paul Preston. El obispo de Ávila dio instrucciones a los párrocos para que no inscribiesen la causa de la muerte de los cadáveres tirados en el campo. En Soria los requetés obligaban a las viudas a declarar que sus maridos estaban desaparecidos. Y Queipo de Llano impuso a la prensa el uso de eufemismos para referirse a los asesinatos sobre los que les permitían informar, al tiempo que él mismo los usaba para incitar públicamente a la violación.

El general Cabanellas, según el poeta José María Pemán, llegó a pensar en «un decreto que prohibiera vestir de luto» a los familiares de las víctimas de ambos bandos. En un caso, «la muerte del caído por la patria» debía ser una «alegría», y en el otro, «se cortaría esa especie de protesta viva y de dramático testimonio, que (…) nos presentan (…) esas figuras negras y silenciosas que en el fondo, tanto como un dolor, son una protesta». Hubo «niños y mujeres, algunas embarazadas, que fueron asesinadas» al no encontrar a sus esposos apelando al «derecho de representación». 

Por el contrario, como resultado del esfuerzo por dejar constancia de sus propias víctimas «nacionales», pues los otros eran la «anti-España», José Luis Ledesma pudo contrastar sus cifras con las de la Causa General, y concluir que en la zona republicana se asesinaron a 49.272 personas, cifra difícilmente revisable pues se basa en las propias recopilaciones del bando vencedor que, en todo caso, tendió a incluir todas las víctimas producidas en el bando republicano, sin distinguir las que fueron fusiladas por su oposición al Partido Comunista y los que lo fueron por considerárseles quintacolumnistas o simples simpatizantes del bando franquista, dos categorías que no se yuxtaponen automáticamente, como defienden los apologetas de la dictadura.

La omisión selectiva 

En la actualidad, la Ley de Amnistía de 1977 impide juzgar todos los delitos con intencionalidad política cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Sin embargo, no nos obliga a conmemorar el régimen franquista. Pero durante ochenta años a unos se les ha beneficiado con el derecho a la memoria histórica y a otros se les ha escamoteado, cuando no negado. Se han querido olvidar porque si existen las víctimas existen los asesinos. En 2002, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzosas pidió al Gobierno español, atendiendo al compromiso firmado por éste en 1991, que investigara dos casos atribuidos al régimen franquista. A día de hoy sigue habiendo muchos casos de desaparición forzosa o denuncias de secuestro de niños sucedidos durante aquel periodo que no se investigan institucionalmente. En los archivos, el derecho a la privacidad, a pesar de la impunidad garantizada legalmente, prima sobre el derecho a la verdad, y aquellos que hacen algo para dar reconocimiento a las víctimas de la dictadura son acusados «de fomentar el “resentimiento” y el “guerracivilismo”», como sucedió en 2014 cuando en Andalucía se propuso una «asesoría jurídica» para revisar las condenas franquistas. 

Alfonso Bullón, rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, cuando se inauguró el congreso mencionado anteriormente, sostuvo: «Hay tantas memorias como personas, y no se puede hablar de una sola memoria histórica». Quizá por ello Payne habla del «mito de la República» y Ángel Viñas organizó el curso «Sobre los mitos del 18 de julio». Pero el problema historiográfico no está en la pluralidad sino en la omisión selectiva. Y Viñas también coordinó a otros treinta y cuatro historiadores en una obra con un título muy revelador: En el combate por la historia. La República, la Guerra Civil, el franquismo. Surgió, según cuenta él mismo, como reacción al Diccionario de la Real Academia de la Historia, cuya biografía sobre Franco generó una gran polémica por rehuir el calificativo de dictadura al definir su régimen.

Si tratar a un dictador como tal es tomar partido o ser tendencioso, el problema no es historiográfico y tiene su origen en la política que todavía se siente directamente amenazada por el desprestigio que pueda surgir de la realidad del franquismo. Si cuestionar estos vínculos es cuestionar la Transición que los estableció, se entiende el temor en una democracia a criticar una dictadura.

Edmund Burke escribió sobre la Revolución francesa: «Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada». Sin embargo, entre los llamados «nacionales» hubo quien intentó protestar por los asesinatos sin éxito. El párroco de Carmona protestó, aunque no volvió a hacerlo ante las amenazas. Algunos catedráticos de la Universidad de Granada fueron fusilados al quejarse de la violencia falangista. Felipe Rodríguez, fiscal de la Audiencia Provincial de Cádiz, fue destituido por denunciar las arbitrariedades de los consejos de guerra sumarísimos de urgencia, y hasta el obispo Olaechea publicó la homilía «Ni una gota más de sangre de venganza». Fueron gestos impotentes ante la «violencia institucionalizada».

En la zona republicana, a raíz de la matanza de la Cárcel Modelo de Madrid, que llevaron a cabo algunos anarquistas el 22 de agosto de 1936, hubo personas que tomaron la iniciativa de detener los asesinatos, como el anarquista Melchor Rodríguez, que detuvo las sacas de presos que eran asesinados en Paracuellos. No fue una excepción, y sus esfuerzos, y los de otros, tuvieron más éxito al no estar «centralizada» la violencia en la zona republicana, donde se tomaron, con desigual fortuna, medidas para contener los crímenes. Entre otras, se crearon las Milicias de Vigilancia de Retaguardia.  En una guerra que Santos Juliá califica de «aniquilación del derrotado», y en la que «los causantes de la hecatombe sabían lo que hacían”, concluyendo que «la responsabilidad de (…) aquellas matanzas no puede diluirse en la cuenta de las culpas colectivas, que son de todos y, por eso, no son de nadie». La paradoja de la equidistancia está en que, tras el manto de neutralidad, que solemos confundir con la objetividad, nos aleja de la verdad, pues no todos los sujetos son o hacen lo mismo; pero la peor perversión que esconde es la de igualar a los verdugos y a las víctimas; convierte a la víctima, forzando una equivalencia, en un verdugo que no fue. Supone una perversión al plantear con normalidad un escenario histórico en el que habría sido lícito castigar a unos por los hechos que hubieran podido realizar otros con los que compartían algún rasgo o seña de identidad semejante. Hace aceptable, por lo tanto, la posibilidad del castigo colectivo, nos señala a todos como culpables anulando la idea de responsabilidad. Aterroriza pensar que la «equidistancia», como en Argentina la «teoría de los dos demonios», pudieran estar entre el argumentario de los defensores de genocidas tan cercanos como los de las guerras de los Balcanes.

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