Sobre el sexo de los ángeles y las constituciones sin ideología

En el cuarenta aniversario de la Constitución se publicaron artículos en los que se insistió en la neutralidad ideológica del texto. En uno de ellos (El Mundo, 5 de diciembre de 2018) se citaba al profesor de Derecho Político Santiago Varela, quien decía que existió «una deliberada decisión del constituyente de hacer una síntesis de continuidad y cambio excluyendo la ruptura histórica y las fórmulas constitucionales innovadoras cargadas de ideología». Quizá sea pertinente indicar que, según el historiador Juan Pablo Fusi, el análisis de Varela sobre la II República «le llevó a creer que la estabilidad de la democracia a la muerte de Franco exigiría […] un sistema de partidos fuerte y sólido» (El País, 23 de julio de 1993). En el artículo de 2018 también se decía: «Hernández-Gil, presidente de las Cortes Constituyentes (sic), [sostuvo] que la no adscripción de la Constitución a una ideología concreta no equivale a indiferencia […]; antes al contrario, la Constitución es pródiga en la mención de los valores que profesa».

Para estos autores, la «continuidad» o los «valores» no serían ideológicos, mientras que «la ruptura histórica» estaría cargada «de ideología». El deseo de presentar la Constitución como ideológicamente inmaculada podría haberse logrado más negando la evidencia que eliminando sus rasgos ideológicos. Así, Raúl Morodo, del Partido Socialista Popular (PSP), recordó en una entrevista: «A los ponentes, conscientemente o no, […] se les olvidó incluir un preámbulo, una cuestión que […] tenía mucha importancia ideológica, en el marco de la discusión entre ruptura y reforma» (El Mundo, 6 de diciembre de 2018). Tuvo, finalmente, preámbulo gracias a una enmienda del PSP.

Que se sostenga que la Constitución no contiene ideología puede deberse al uso restrictivo que se le ha dado a este concepto, hasta reducirlo al significado que más ha convenido a los que niegan tenerla. Cosa improbable si atendemos a la definición que del término ideología nos ofrece la RAE: «Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.».

Emmanuel Lizcano, profesor de Sociología del Conocimiento, en su entrada «Ciencia e Ideología» en el Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, explica: «Las muy distintas –y hasta incompatibles– definiciones del término ideología pueden agruparse en dos categorías básicas. Una hace referencia al sistema de ideas y valores de cada sujeto social (individuo, grupo, clase…) y a los discursos mediante los que esos sujetos se expresan y se construyen como tales. La otra apunta al sistema de ideas y valores de la clase dominante y al discurso destinado a legitimar y mantener dicho dominio, en particular imponiéndose a sí mismo como discurso de la verdad. La opción por una u otra categoría es más política que teórica. La primera, al prestar atención a cada grupo social, destaca la heterogeneidad y se muestra sensible, en particular, a los singulares modos de expresión que, en mayor o menor grado, escapan a las ideas dominantes; pero, al caracterizar cualquier discurso como ideológico y sujeto a intereses particulares, su pretendida neutralidad valorativa tiene como efecto neutralizar la asimetría existente entre aquel discurso capaz de imponerse como único verdadero –pues él define qué sea la realidad y los intereses generales– y los restantes discursos que así quedan desvalorizados, marginados o silenciados. […] Si bien es cierto que cualquier sujeto tiene –o mejor, como dice Ortega, es tenido por– un sistema de ideas, no lo es menos que no todo sistema de ideas –ni, menos aún, toda forma de pensamiento– se orienta a enmascarar la forma de dominio vigente en cada sociedad o momento histórico. En concreto, consideraremos ideológico a aquel conjunto de ideas y valores –y a los discursos y prácticas que lo sostienen– orientado a: 1) presentar como universal y necesario un estado de cosas particular y arbitrario, haciendo pasar así cierta perspectiva y cierta construcción de la realidad –la que favorece una relación de dominio– por la realidad misma, y 2) borrar las huellas que permitan rastrear ese carácter construido de la realidad, de modo que tal presentación llegue a percibirse como mera y rotunda representación de “las cosas tal y como son”, de “los hechos mismos”. […] Acaso toda sociedad necesite para instituirse de una ficción colectiva que le aporte fundamento, cohesión y sentido, y si es cierto que esas funciones sólo se cumplen en la medida en que se olvide el carácter ficticio de esa ficción fundacional y venga tal ilusión –relegada ya al inconsciente– a confundirse con la realidad misma […]». 

La teoría «científica» de Marx y Engels

Si aceptamos lo dicho anteriormente, debiéramos aceptar que los únicos que cumplen con las condiciones de la ideología expuestas por Lizcano son los que niegan poseerla. Así lo hicieron Marx y Engels que, para legitimarla, calificaron a su teoría de «científica», como la única realidad posible. Ellos, al introducir el término en su obra La ideología alemana, dieron origen al fenómeno de su uso en el lenguaje común. En la actualidad, y de la misma forma que los autores de El capital, obra que completó Engels, el liberalismo se niega como ideología y afirma ser una «ciencia».

Liberalismo y marxismo coinciden en descalificar como «utópica» cualquier propuesta alternativa a sus postulados, aunque el marxismo descalifica como «ideología» a las ideas de la clase dominante, que ésta impone como normalidad social; mientras que el liberalismo deslegitima cualquier crítica a su ortodoxia dominante tachándola de «ideológica». Para algunos liberales, la Constitución, siendo liberal, es ideológica porque permite aplicaciones graduales del liberalismo.

Juan Laguna, en su artículo «Revisión crítica de la Constitución de 1978 de Tiempo Liberal» (Expansión, 2018) contaba que, trece años antes, «nacía un proyecto en forma de asociación política de carácter liberal […] superando las rancias y anacrónicas “derechas” e “izquierdas” con que nos han enfrentado y manipulado durante demasiado tiempo […] “Tiempo Liberal” […] nos planteamos la lectura crítica del texto constitucional de 1978 […]. Se trataba de un texto de reconciliación y concordia entre los españoles […]. El mismo preámbulo […] resume el espíritu del texto  […], el pensamiento político que, en forma explícita, se instauraba con la Constitución: “un estado social y democrático” […]. Se excluía (se excluye) del texto constitucional la existencia de otras ideologías diferentes y su neutralidad quedaba en entredicho tras haberse proclamado como valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado, “la libertad, la igualdad y el pluralismo político”. Valores que, como estamos viendo, ni son neutrales ni reflejan otra cosa que un cauce socializante que limita gravemente determinados derechos, como el de propiedad». 

Sin embargo, para Rafael Escudero, autor de Modelos de democracia en España. 1931 y 1978, «la crisis económica ha puesto de manifiesto una profunda crisis institucional que cuestiona las bases del sistema político nacido con la Constitución de 1978. En un momento en que agentes y entidades al servicio del mercado campan a sus anchas en el espacio público, la ciudadanía se siente más desamparada que nunca. Máxime cuando vuelve la mirada hacia la norma fundamental del sistema jurídico, la Constitución, y no encuentra allí instrumentos que defiendan los derechos fundamentales o la participación ciudadana en los asuntos públicos. La crisis no ha hecho sino agravar los déficits estructurales del sistema constitucional español desde la Transición, un sistema que sentó las bases para la sociedad desigualitaria, individualista, machista, poco participativa y nada sostenible en la que hoy vivimos […]. La Constitución nació […] bajo el escaparate de una democracia formalmente representativa en el marco de una economía capitalista, su articulado permitió que conservaran sus privilegios quienes durante la dictadura controlaron los resortes de los poderes políticos, económicos y mediáticos”.

En este sentido, cabría recordar que de los siete «padres de la Constitución», Fraga, fundador y ponente de Alianza Popular (AP), había sido consejero nacional del Movimiento, procurador en Cortes y, como ministro de Información y Turismo, redactó la Ley de Prensa e Imprenta franquista. Los tres ponentes de la UCD fueron altos funcionarios de la dictadura, de los cuales Herrero de Miñón, quien abandonó el «centro» para integrarse en AP, fue letrado del Consejo de Estado del régimen, y José Pedro Pérez-Llorca lo fue de las Cortes franquistas.

El que fuera dirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Miquel Roca, ponente del Pacte Democràtic per Catalunya, se consideraba de «centro», y, cuando la UCD desapareció del mapa electoral, intentó ocupar su espacio con el fracasado Partido Reformista Democrático. Sólo dos ponentes se presentaban como de «izquierda»: Peces-Barba, que sólo tres años antes de morir el dictador ingresó en un PSOE en proceso de abandonar el marxismo; y el comunista Jordi Solé Tura, que en 1991 se convirtió en ministro de Cultura con Felipe González y fue el único encarcelado por la dictadura. 

Las ideologías, de los «siete padres de la Constitución» se ven reflejadas en una más que probable ideología constitucional. Francisco Fernández Segado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, en su artículo “Consenso e ideología en la Constitución española de 1978”, afirma: «Una ideología demoliberal recorre buena parte del articulado constitucional […] transida por un soporte ideológico demócratacristiano. […] La “fórmula política” de la Constitución, esto es, la expresión ideológica jurídicamente organizada de una estructura social, aun cuando acomodada a una ideología demoliberal, nos ofrece numerosos reflejos […] de esa otra ideología que podríamos identificar con la del socialismo democrático». Puesto que éste es liberal en lo político y capitalista en lo económico, puede que la mejor manera de interpretar el sustrato ideológico de la Constitución sea recurriendo al origen de los términos «izquierda» y «derecha», que nacieron para señalar tendencias liberales. Los que rechazan que el liberalismo sea una ideología, no renuncian, sin embargo, a presentarse como el centro que, paradójicamente y por definición, no puede ser otra cosa que el espacio donde la «izquierda» y la «derecha» liberal se encuentran y no el espacio neutral que pretenden ser. El «consenso» entre «ideologías» se resuelve, así, en el acuerdo sobre mínimos ideológicos comunes. 

Las ideologías, de los «siete padres de la Constitución» se ven reflejadas en una más que probable ideología constitucional.

Recordemos que la ideología, como nos aclara Lizcano, se niega como tal y se presenta como un valor objetivo y universal. Justo como siempre nos han presentado, los «siete padres de la Constitución» y sus defensores, la llamada «ley fundamental». Éstos olvidan que el texto pudo haber recogido, en exclusiva, la ideología del partido en el Gobierno de aquel momento.

La elaboración de la Constitución de 1978

Fernando Palmero, columnista de El Mundo y autor de las catorce entrevistas recogidas en Homenaje a la Constitución. 1978-2018, cuenta que Adolfo Suárez, en el mensaje televisado que puso fin a la campaña electoral, el 13 de junio de 1977, «prometió la elaboración de “una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños”. Pero aquello quedó en lo que era: una promesa para captar votos. Nada más alejado de las intenciones del Gobierno, cuya primera propuesta […] consistía en la elaboración por parte de su equipo, en el que Miguel Herreroejercía de secretario general técnico, de un borrador que se sometería a la consideración del Congreso. Rechazada la idea por la oposición, se propuso la creación de una comisión de expertos […]. Pero los legisladores se resistieron a ser meros espectadores, por lo que se decidió la creación […] de un equipo de ponentes para redactar la nueva Carta Magna» (El Mundo, 6 de diciembre de 2018).

Este grupo, de acuerdo con el relato del periódico La Vanguardia, comienza «a trabajar, en sesiones secretas, el 22 de agosto de 1977 […]. El 22 de noviembre […] Cuadernos para el Diálogo [publicación, en su origen, de línea demócratacristiana, inclinada, en aquel momento, hacia las posiciones de Gregorio Peces-Barbas, uno de sus fundadores] publica los 39 primeros artículos del borrador y, el día 23, varios periódicos hacen público el articulado entero. En él […], los socialistas emiten un voto particular en favor de la República […]. Cuando se inicia la segunda lectura del texto ya hay 168 votos particulares de los ponentes y más de 3.000 enmiendas al anteproyecto. […] En los primeros días de marzo […] Peces-Barba abandona los trabajos en protesta por dos enmiendas presentadas por UCD. […] Lo que busca es evitar que el partido centrista consiga todos sus objetivos mediante “mayorías mecánicas”, es decir, con sus tres votos más el de un aliado circunstancial. […] El 5 de mayo el anteproyecto entra en la Comisión de Asuntos Constitucionales. A partir de ese momento los debates constitucionales pasan a ser públicos, aunque las negociaciones y acuerdos se mantienen en secreto. Se hace un esfuerzo por vender a la población más consenso del que en realidad hay entre bambalinas. […] El 12 de mayo […] adhirió una carga fortísima unitaria y nacionalista. “Indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. El redactado, enfático y embrollado, parece, según algunos autores, que lo rehicieron Miquel Roca y Adolfo Suárez con la cúpula militar presionando y pasando notas desde una habitación contigua al despacho del presidente del Gobierno […]. El 17 de mayo, el PSOE vuelve a protestar enérgicamente por una enmienda de UCD que introduce la posibilidad de suspender ciertos derechos y libertades si la ocasión lo requiere. Alfonso Guerra llega a decir que la Constitución va a ser “reaccionaria” y Felipe González que “el consenso ha quedado roto” […]. El vicepresidente del Gobierno de Suárez, Fernando Abril Martorell, recibe el encargo de recuperar el consenso con el PSOE […]. En el transcurso de una larga cena […] se pactan 25 artículos de la Constitución» («Historia de la Constitución de 1978», La Vanguardia, 6 de diciembre de 2019). Para Fernando Palmero, «UCD […] impuso sus posiciones, gracias a su alianza con Fraga y Roca, lo que provocó la salida de la ponencia del representante socialista, que […] accedió sin embargo a firmar el texto definitivo. […] Herrero […] venció en lo ideológico». 

Eso no es impedimento para que el PSOE, que amagó durante la negociación constituyente con mantener su opción por la república, se reconozca en un texto donde se instituyó, como reconoce Laguna, «el Poder Real como dique a los supuestos encantos del entonces temido “paraíso soviético”. Asimismo, la “soberanía nacional” residía en “el pueblo español”, del que emanan los poderes del Estado, pero… ya se impone al “soberano” un modelo: una monarquía parlamentaria. El proyecto del líder del anterior régimen, quedaba consolidado con su “atado y bien atado”. Nada que objetar salvo la contradicción entre la imposición de la forma de Estado a un “soberano” que se limitó a ratificar la decisión tomada desde unos partidos preexistentes a la propia Constitución».

Lidia Falcón, fundadora del Partido Feminista, denunciaba: «Ya se está sabiendo que cuando Adolfo Suárez investigó la aceptación que tenía la monarquía en España únicamente resultó favorable a ella el 5% de los encuestados. Por ello no se convocó un referéndum sobre el tema y no se volvió a averiguar qué opinión tenía la ciudadanía. Únicamente la rendición del PSOE, del Partido Comunista y del movimiento sindical permitió que se aceptara la monarquía […]. Las amenazas continuas con que el PCE asustaba a sus militantes y votantes eran un chantaje que aceptaron sus fieles y seguidistas militantes y creyeron los sectores asustadizos de la sociedad, todavía conmocionados por el genocidio de la Guerra Civil» («El engaño de la Constitución», Público, 6 de diciembre de 2019).                                                       

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